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Su escritorio sostiene un ejemplar de Vigilar y castigar, uno de los libros más importantes de Michel Foucault. Un celular personal y otro conectado veinticuatro horas al equipo de sabuesos que –a su estilo– distribuyó por doquier desde que asumió la intervención de la ex Policía Aeronáutica no logran detener su ansiedad. Pasaron casi cuatro meses desde que por el escándalo de Southern Winds, Marcelo Saín fue designado en Ezeiza como interventor de la entonces nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde que llegó se enfrentó a la estructura de la ex PAN y ordenó una serie de purgas de oficiales y suboficiales de la fuerza. Pero ahora apunta contra el Poder Judicial. Su objetivo una parte de los jueces nacionales del fuero penal económico, que puedan haber cometido irregularidades o distracciones mientras se cometían delitos contra el patrimonio del Estado. Saín dijo a Página/12 que “algunos no quieren perder el negocio”. Y aseguró que buscan “seguir manejando como patrones de estancia la principal puerta de ingreso aeroportuario que tiene el país”.
“Son algunos componentes del fuero penal económico que tenían relaciones promiscuas con la ex PAN y que generaba la sospecha de que protegían a la ex PAN”, precisó el interventor.
La jurisdicción judicial del aeropuerto de Ezeiza está en manos de dos áreas. Una está formada por los tres juzgados federales de Lomas de Zamora. La otra, por los ocho juzgados del fuero penal económico de la Nación, que –como lo hizo Carlos Liporace en el caso de SW– toman intervención ante una denuncia por contrabando.
Hasta la intervención de Saín, la ex jefatura de la PAN había concedido una serie de dudosos beneficios a juzgados, cuyos titulares solían manejarse a sus anchas en Ezeiza. Esos beneficios incluían credenciales de tipo free pass, que les permitían el acceso libre a las áreas restringidas del aeropuerto. Las tarjetas se extendían por decisión de la PAN a pedido de juzgados y también de embajadas, y tenían (y tienen) vigencia durante un año.
Saín se encontró con 16 mil credenciales entregadas en esas condiciones. Los beneficiados podían entrar libremente a la pista, al sector de embalajes y de controles. A criterio de las nuevas autoridades, la distribución se hizo en forma arbitraria e ilegal y, suponen, respondía a un intercambio de favores.
Los nombres de jueces y embajadas con credenciales de acceso libre son innumerables. Los interventores mencionan, a modo de ejemplo, el caso de Julio Speroni, del juzgado 3 en lo Penal Económico. Cuando el equipo asumió, el juez se mostró preocupado porque sus credenciales estaban a punto de vencerse. Cuando le preguntaron cuántas necesitaba, pidió diez. Luego redujo la cifra a cinco, cuando le exigieron que las solicitara por escrito. Según los funcionarios, aún no fueron entregadas. El sistema está siendo sometido a una revisión. Un equipo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabaja con Aeropuertos Argentina 2000 para reemplazar las viejas por un nuevo tipo y probarlas durante un mes.
Fuera de las credenciales, otro de los temas que molesta en Ezeiza es la vocación intervencionista, administrativa y no judicial, de varios magistrados, un ejercicio que suele generar escenarios de doble autoridad. Por un caso así, el 1º de mayo Saín desvinculó a dos de sus hombres de mayor jerarquía: los vicecomodoros Gustavo Driussi y Rodolfo Almeida.
La razón verdadera de la destitución de Driussi y Almeida no se conoció en ese momento, pero el caso es paradigmático porque permite entender las dificultades de un proceso de trasformación que no parece ni sencillo ni cercano.

El caso Artabe:

La ex PAN heredada por Saín tiene unos 2600 hombres. Son 80 oficiales, 380 suboficiales y 2150 agentes con funciones administrativas, de vigilancia o inteligencia. Saín rediseñó esa estructura apenas asumió. Dividió el país en cinco Unidades Regionales de Seguridad Aeroportuaria (UR) con sus jefaturas y sus aeropuertos. Cada estación aérea quedó a cargo de un responsable directo y funciona como Unidad Operativa (UO).
Driussi había sido parte esencial de esa reestructuración. Saín no sólo no lo desplazó sino que lo promovió a jefe de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria Bonaerense, uno de los puestos de mayor jerarquía. De la UR Bonaerense dependen los aeropuertos de mayor movimiento del país como la UO Bahía Blanca, la UO del Aeródromo de Don Torcuato, Aeroparque Jorge Newbery, Mar del Plata y Ezeiza. Después de otra promoción, Ezeiza había quedado a cargo de Almeida, el otro vicecomodoro destituido.
Saín les había llamado la atención varias veces antes de la última. En varias oportunidades le causó mucho malhumor, por ejemplo, enterarse a través del Ministerio del Interior y no de sus hombres, que una bolsa de correo para Presidencia apareció rota. “Les tengo dicho que me informen todo –les reprochó a través de su inseparable equipo de handy–. ¡Para qué tengo el celular abierto 24 horas!”.
Días más tarde, los sacó. En un encuentro con este diario, el funcionario explicó que separó a los vicecomodoros tras una operación vinculada al narcotráfico. La causa estaba en manos de la Justicia federal de Córdoba, pero ellos le pasaron el “acta de procedimiento” a Horacio Artabe, del juzgado 5 del fuero Penal Económico. El operativo en cuestión fue conocido públicamente porque la banda estaba integrada por un policía de la Federal y tenía conexiones con Italia. Se hicieron allanamientos en Capital y provincia, se detuvo a cinco personas y se incautaron 62 kilos de cocaína embaladas en una valija lista para salir de Ezeiza a Milán.
Artabe no había sido requerido para el procedimiento. Pero según la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por decisión propia, el juez se comunicó con los vicecomodoros para solicitarles el acta con el parte de información. Y se la dieron. Un dato nada menor si lo que está en juego es el caldeado escenario de poder del aeropuerto.
El affaire de la intervención del juez Artabe en la causa de tráfico de drogas que terminó con la destitución de Driussi y Almeida concluyó recién el viernes pasado. Saín recibió en su despacho un oficio firmado por seis de los ahora siete jueces del fuero –Julio Cruciani renunció– decididos a intervenir en Ezeiza como corporación. Tras invocar el artículo 32 del Código Penal Aduanero, exigen información de “todos los procedimientos” que se encuentren relacionados “con dependencias del señor Interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Esto incluye los delitos federales.
El oficio llegó firmado por el titular del juzgado 1, ahora a cargo del caso SW, Bernardo Vidal Durand; por Julio Speroni, Carlos Liporace, Horacio Artabe, Guillermo Tiscornia y Jorge Brugo.
Marcelo Aguinsky del juzgado 6 no lo firmó, pero el oficio da por sentado su participación.
Verónica Fernández Zagari es la subinterventora de Seguridad Aeroportuaria Compleja. Ex fiscal de Lomas de Zamora con 14 años de experiencia judicial, aún está sorprendida por la respuesta que dieron los jueces.
“Llama la atención –evaluó ante la consulta de Página/12– que ellos en realidad quieran saber todo lo que pasa en el aeropuerto constituya o no constituya delito. Evidentemente pareciera ser que se creen dueños del aeropuerto.”
A su criterio, el oficio demuestra que los jueces intentan que la policía del Aeropuerto funcione como un fusible. “Si se procede tal como exigen los jueces, la gente puede terminar con un proceso penal por diversas razones, entre otras, la de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explica. Los jueces penales piden, en los hechos, que la intervención pase por encima de la Justicia federal con jurisdicción en Ezeiza, un problema de poderes que si existe –tal como parece– debería zanjarse en algún otro ámbito, probablemente judicial o legislativo.

La intervención:

Otro caso que causó escozor en la cúpula de la PSA fue el de Guillermo Tiscornia. A través de un “despacho teletipográfico”, el juez ordenó una suerte de intervención dentro de la intervención. Durante cinco días puso a su gente en el aeropuerto sin una investigación abierta sino, según su propio argumento, por una “consulta” que le efectuó el jefe de la División Operaciones Federales de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.
Tiscornia emitió el despacho el 11 de abril. Pidió a la División Drogas Peligrosas a que “en el marco de una prevención general se lleven a cabo tareas de inspección y de vigilancia” en sitios sensibles como el puerto de la ciudad de Buenos Aires con sus zonas aledañas, “el aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini, incluyendo el sector adyacente a la firma Eddcaddasa (sic, en realidad es Edcadassa), terminal de cargas aéreas, su punto de salida, sector correspondiente a los despachos y salidas y/o entradas de mercadería por vía de courier, sector emplazado para pasajeros de vuelos internacionales”. Lo mismo dispuso para el Aeroparque Metropolitano, el Aeródromo de Don Torcuato y San Fernando.
El operativo se extendió hasta que su juzgado culminó con el turno. Durante ese tiempo, la División Drogas Peligrosas debía emitir un informe diario, enviarlo al juzgado y llevar adelante la tarea con la colaboración de todas las fuerzas de seguridad.
Saín fotocopió la nota, la archivó y la puso en una carpeta donde acumula elementos contra jueces que considera poco prolijos. Otro de los que ha caído en ese lugar es Jorge Brugo, del juzgado 8 del fuero penal económico.

El matrimonio amigo:

El caso Brugo tuvo hasta rasgos de culebrón. Es uno de los jueces conocidos porque le gusta trabajar con investigadores propios. Tiene hombres de la ex PAN en su despacho y fue uno de los que más se resistió a devolverlos cuando Saín se los pidió. Los ex PAN llevaban “muchísimos años” en su juzgado, explican en torno de Saín. Con el correr del tiempo lograron ser beneficiados hasta con un despacho propio, de idénticas dimensiones al del magistrado. Los empleados eran dos, marido y mujer, amigos personales de Brugo. Cuando Saín intentó llevárselos de nuevo a Ezeiza, el juez se resistió. Después de varias idas y vueltas, lo convocó a su despacho.
Marcelo Saín se encontró con uno de los ex secretarios de Brugo el miércoles pasado, cuando pasó por la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja para analizar con los legisladores un proyecto del sistema federal de seguridad interior que incorpora a la seguridad aeronáutica. Carlos “El Moro” Rodríguez no estaba con su mujer. No llegó en calidad de esposo ni de secretario de Brugo sino como asesor del diputado peronista Cristian Ritondo, el principal operador de Miguel Angel Toma, ligado en la Capital Federal al armado político de Mauricio Macri. Rodríguez aún está con licencia en el aeropuerto de Ezeiza, como su mujer Claudia Aparente. La intervención no sabía que, además, era asesor. Otro dato llamativo en el legajo de los dos secretarios es el tiempo que pasaron por Estados Unidos. Salieron del país vía Estados Unidos en noviembre de 2004 y volvieron en febrero de 2005. Para entonces estaban asignados en comisión al despacho de Brugo. Marcelo Saín aún se pregunta si todo aquel período se la habrán pasado trabajando, y en qué.
Otro episodio menos intimista es un cuestionamiento hecho por la Aduana. Se trata de una causa que llegó al juzgado de Brugo el 5 de mayo, tras la detención de cinco personas en un barrio privado de la zona norte del conurbano. Entre los detenidos había dos despachantes de Aduana y un especialista en informática, supuestamente responsables de comercializar mercadería de contrabando. Había dos videocaseteras, cuatro centrales digitales de seguridad, ocho videograbadoras para uso profesional de seguridad, 190 cámaras de video y 23 cajas de electrodos para industria petrolera, entre otros muchos y valiosos elementos.
Cuando tuvo la causa en sus manos, Brugo pidió a un sector de la Aduana una valuación de la mercadería. De acuerdo con el relevamiento, el valor de la mercadería incautada rondaba los 80 mil pesos. Los elementos secuestrados debían ser girados al Depósito de Aduana de la calle Zeita, pero debido al cúmulo de trabajo fue derivada al Depósito de San Fernando. Pero allí advirtieron un desfasaje entre la mercadería y la valuación. Y calcularon que el monto, en realidad, no bajaba de los 140 mil pesos.
La Aduana emitió un informe sobre el asunto: la subvaluación permitió que “el hecho se transformara en un contrabando menor y se instruyera como infracción aduanera, disponiéndose por lo tanto la libertad de los detenidos”. Justamente, Brugo calificó el caso como “infracción aduanera”. Aunque la valuación la hizo un sector de la Aduana, en el entorno de Saín sostienen que el responsable último es el propio Brugo.