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La renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el mecanismo de audiencia pública para la selección de los magistrados son medidas reconocidas por oficialistas y opositores, como importantes pasos dados por el gobierno nacional para recuperar la credibilidad en la Justicia. Pero el ejemplo está lejos de hacer escuela. En Salta, el gobierno de Juan Carlos Romero propuso y consiguió sin mayores costos políticos, el acuerdo para sentar en el máximo tribunal de Justicia a una jueza involucrada, en 1988, en un sonado affaire entre el ex diputado provincial Emilio Cantarero y el entonces presidente de la Corte Provincial, Luis Saravia.
El nombre de María Rosa Ayala, por entonces secretaria letrada del titular de la Corte, apareció en escuchas telefónicas en las que los intereses de las empresas de la familia Romero, el poder político, y el Poder Judicial, se entrelazaban en una saga, que demuestra que la realidad siempre es más cruda que el más inverosímil relato del realismo mágico. En aquel momento Ayala fue suspendida y sumariada. A Cantarero se le pidió, sin éxito, el desafuero como legislador provincial. El tiempo le permitió a Cantarero soportar el temporal y llegar al Senado de la Nación donde lo esperaban las tormentas que finalmente lo hicieron encallar. Luego de esquivar la investigación con una y otra recusación, la abogada Ayala salió de escena para ocupar un lugar en la Justicia de Tierra del Fuego, donde nuevamente apareció mencionada en un hecho de corrupción. Ahora vuelve a Salta para incorporarse al más alto puesto de la carrera judicial.
En 1988, el titular del Colegio de Abogados de Salta, Ricardo Reimundín, le entregó al entonces gobernador Hernán Cornejo escuchas telefónicas que le habían llegado en forma anónima. En ellas se escuchaba a Cantarero, por entonces diputado provincial, hablar con el titular de la Corte Suprema sobre los pleitos que las empresas de la familia Romero tenían en los tribunales salteños. Las firmas Horizontes S.A. y Consultora Norte tenían en ese momento 46 expedientes en trámite judicial. De todos ellos, el que desvivía a los Romero, y por ende, a Cantarero, contador y accionista de las empresas, era el que los enfrentaba con un ex socio: Jorge Benjamín Méndez. Las escuchas demuestran no sólo un trato familiar y compinche entre Cantarero y el titular de la Corte sino también el mutuo pedido y devolución de gauchadas. “Te quería señalar que la chica Ayala es muy bien, pero guarda, que es muy lenguda e indiscreta”, le advierte Saravia a Cantarero. Luego de que el contador le comentara que “la había impresionado bien”, el titular de la Corte insistió con su consejo y le dijo que “ya comentó que habíamos estado juntos”.
La Consultora Norte, entre otras cuestiones, participaba de las construcciones de viviendas, impulsadas por créditos nacionales y otros subsidios. Tan sólo los títulos de los expedientes judiciales permiten ver lo cuantioso de la disputa que enfrentaba a Romero y Cantarero con su ex socio. El abogado de Romero, Javier Lovaglio, la estimaba en tres millones de australes. Lovaglio compartía la cátedra de Derecho Civil III con la entonces secretaria letrada de la Corte salteña, y hoy elegida para desempeñarse como jueza del máximo tribunal, María Rosa Ayala. En una publicación periodística, el semanario Propuesta del 26 de julio de 1988, Lovaglio admite que le pidió a Ayala que “tuviera la gentileza de proporcionarme antecedentes sobre el tema” de los contratos. Antecedentes que fundamentaron la defensa de Romero. “Con esos datos yo redacté la demanda de nulidad del acto jurídico”, dijo Lovaglio al reconocer la ayuda de su compañera en la cátedra universitaria, y por entonces, secretaria del titular de la Corte.
El escándalo sacudió a la política salteña. Dos jueces de la Corte dieron un paso al costado y Ayala fue sumariada y suspendida por Marcelo O’Connor, magistrado que quedó al frente del tribunal. La abogada no se presentó a ninguna de las audiencias de la comisión legislativa que entendió en el caso. Recusó su suspensión y pidió una y otra nulidad. Los choferes suelen ser testigos de lujo. No faltan en las principales novelas policiales, ni tampoco en los escándalos políticos. Uno de ellos, de apellido Marabelli, que durante 26 años condujo a todos los titulares de la Corte salteña, testimonió frente a los parlamentarios, que en varias ocasiones trasladó a Saravia hacia las oficinas de la Consultora Norte. Dijo incluso que allí también vio entrar a Ayala acompañada del abogado de los Romero. El tiempo, el olvido y las mayorías del oficialismo en la Legislatura provincial terminaron sepultando la investigación.

Frío Austral:

Archivada la investigación, Ayala dejó la secretaría letrada de la Corte y pasó a ser secretaria de cámara hasta 1994. Desde agosto de ese año estuvo al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande. En el ‘99 ascendió a jueza de la cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial de Tierra del Fuego. Cargo que todavía ocupa. En mayo del 2002, una denuncia de Daniel Armesto, a la sazón un empresario que regenteaba los casinos electrónicos Magnum Ushuaia y Magnum Río Grande, la involucró en un supuesto pago de coimas destinadas a facilitar el cobro de un fallo favorable al hombre de negocios y en contra del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas. La denuncia, además de mencionar a la camarista, también señalaba al entonces gobernador Carlos Manfredotti, a su vice, Daniel Gallo, y al presidente del Instituto Regulador de Apuestas, Walter Agüero. La causa judicial que siguió a la denuncia acreditó el pago de sobornos a un asesor letrado del Instituto de Apuestas, pero no así las de los otros funcionarios públicos, incluida la jueza Ayala, ya que a decir de la magistrada interviniente en el caso, el denunciante destruyó una servilleta en la que habría estado detallado el reparto del dinero.
Cuando en Tierra del Fuego se conoció el próximo destino de Ayala como futura integrante de la Corte salteña, el tema no pasó desapercibido. La jueza declaró a los medios que la nominación “era un alto honor”. Los diarios locales destacaron que el retorno de Ayala a la Justicia salteña no motivaría la renuncia de su esposo, Diego Yáñez, como director provincial de Energía. Las crónicas periodísticas señalan a Yáñez como un hombre de mucha confianza del actual gobernador fueguino Jorge Colazo. Lejos de ser senderos paralelos, desde Ushuaia a Salta, Justicia y política son caminos entrelazados.