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El kirchnerista Jorge Yoma, la frepasista Diana Conti y el socialista Rubén Giustiniani presentaron ante el Senado un proyecto para declarar nulos los indultos que beneficiaron a las más altas jerarquías del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Hace pocos días, en el transcurso de una entrevista realizada por Página/12, el propio Yoma había anticipado su posición al respecto: “El Parlamento tendría que dar una señal. Estoy de acuerdo con que tal vez sea cuestionable la derogación de una norma por el Parlamento, pero la señal política sería fabulosa”, afirmó. En sus fundamentos, el proyecto presentado el jueves sostiene que una masiva violación a los derechos humanos “no puede ampararse bajo el tópico que supone una malograda reconciliación social”. La iniciativa de los tres integrantes de la Cámara alta se suma a la que, en Diputados, impulsa la legisladora por Izquierda Unida Patricia Walsh y se coloca en línea con el reciente fallo de la Corte Suprema que dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
En sus aspectos dispositivos, el proyecto de Yoma, Conti y Giustiniani establece que “no podrán ser objeto de amnistía, indulto y/o conmutación de pena los delitos cometidos contra el derecho de gentes definido en los términos del artículo 118 y de los tratados incorporados en el artículo 75, inciso 22º de la Constitución nacional”; el artículo 2 señala que “no corresponderá hacer uso de la facultad acordada por el artículo 99, inciso 5º de la Constitución nacional cuando no exista sentencia condenatoria firme respecto del delito y la persona a cuyo beneficio se conceda”; el artículo 3º declara “la nulidad absoluta e insanable de todo decreto emanado del Poder Ejecutivo nacional que con anterioridad a la sanción de la presente, haciendo uso de la facultad acordada por el artículo 99, inciso 5º, de la Constitución nacional, haya beneficiado a personas imputadas o condenadas por delitos contra el derecho de gentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 y en los tratados incorporados en el artículo 75 inciso 22º de la Constitución nacional”.
El texto recuerda que tanto las leyes de amnistía como las prerrogativas del Ejecutivo tienen, por fuera de lo jurídico, un límite moral que marca que el olvido y el perdón “de lacerantes actos contra la dignidad humana”, lejos de lograr la pacificación de la sociedad, sólo contribuyen a comprometer su futuro. Asimismo, expresa que la exigencia de una sentencia firme como condición previa al dictado de indultos o conmutaciones de pena responde a la necesidad de que el pueblo no sea privado del acceso a la verdad “mediante articulaciones inescrupulosas”.
La necesidad de una toma de posición por parte del Senado había sido conversada por Conti y Giustiniani a principios de la semana pasada. En esa misma sintonía, el miércoles, Yoma les acercó la propuesta del proyecto de nulidad “con el que estuvimos de acuerdo y por eso lo acompañamos con nuestras firmas”, precisó Conti. Como el resto de los firmantes, la senadora frepasista entiende que es la Corte la que debe resolver la inconstitucionalidad de los decretos que beneficiaron a los jerarcas de la dictadura militar y nosotros “sólo podemos derogar”. No obstante, supone que dada la trascendencia de la cuestión y al igual que lo hiciera con las leyes de punto final y obediencia debida, la Corte convalidará. En cualquier caso, asegura Conti, “lo fundamental es explicitar el sostén político a una tal vez próxima determinación judicial”.
Yoma puntualizó a este diario que “no hago más que ser coherente con lo que siempre he pensado. Yo era diputado cuando se sancionaron los indultos y me manifesté en contra”. El riojano reiteró que si bien una decisión parlamentaria en ese sentido tendría una fuerte impronta testimonial, su aprobación serviría de marco y acompañamiento político a un eventual fallode la Corte. Sería “extraordinario”, dijo, que se produjeran pronunciamientos coincidentes por parte de dos de los tres poderes de la República.