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Ayer se cumplieron tres años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. También se cumplieron cuarenta días desde que comenzó el juicio oral y público contra los ocho policías que, en un escenario poco alentador, son hasta el momento los únicos acusados por la Masacre de Avellaneda. El nuevo aniversario se encontró así con el mismo reclamo de años atrás. Bajo el título “Sigue la impunidad, sigue la lucha”, miles de personas formaron parte en el Puente Pueyrredón de un pedido masivo para que la Justicia también avance sobre los responsables políticos de la represión que dejó dos muertos y 33 heridos con balas de plomo.
Un sol bien alto parecía hacer brillar más que nunca las caras de Maxi y Darío estampadas en el centenar de banderas que cubrieron el Puente. La columna arrancó desde la avenida Pavón, encabezada por los representantes de las agrupaciones del Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, Polo Obrero y el MST Teresa Vive. También estaban Alberto Santillán, padre de Darío, Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, así como varios de los heridos durante la trágica jornada.
A más de un mes del inicio del juicio oral y público, los movimientos de desocupados, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la masacre dejaron ver una vez más que las expectativas sobre proceso judicial son pocas. Frente a la teoría oficial que sostiene que la represión fue sólo producto de un exceso policial, las consignas de ayer exigieron que las investigaciones avancen sobre la cadena de responsabilidades. “A tres años estamos como al principio. Todavía permanece instalada la versión de que Fanchiotti se puso loco. Sigue reinando la impunidad y hay evidentemente una falta de voluntad política para que esto cambie”, lanzó Alberto Santillán minutos antes de subir al escenario improvisado en el puente.
El acto central había sido previsto para las 13 –hora en la que murieron los dos dirigentes– pero se demoró porque el cordón policial impedía avanzar a las organizaciones. Finalmente, tras casi una hora de negociación, las agrupaciones pudieron llegar al centro del puente y continuaron con el homenaje. Allí se leyó el documento unitario que insistió en denunciar que los hechos del 26 de junio de 2002 fueron producto de un plan orquestado desde el poder político: “La Masacre de Avellaneda no fue un producto de un desborde policial. Duhalde junto con su plana mayor de funcionarios planificaron un preciso diagrama represivo en el que actuaron cinco fuerzas de seguridad del Estado”.
El gobierno de Néstor Kirchner tampoco quedó a salvo de las críticas. La falta de voluntad demostrada por el oficialismo por investigar las responsabilidades políticas de la masacre se transformó en blanco de acusaciones que ni siquiera pudieron ser aplacadas por el anuncio de abrir los archivos de la SIDE. Según consignó el documento, el decreto firmado por el Presidente “no sólo restringió la facultad de decidir sobre esos archivos a los tres jueces del tribunal, sino que también pasó por encima de los familiares y la querella impidiéndoles su acceso”. Con la caricatura de Duhalde y una estructura de metal formada por cartuchos de bala oficiando como muestras simbólicas, el texto prosiguió: “El manto de impunidad que se tendió sobre los autores intelectuales y responsables políticos de la Masacre de Avellaneda continúa hoy, tres años después, tan vigente como desde el primer momento. Kirchner prometió justicia y garantizó impunidad”.
El pedido también fue levantado por los organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales que acompañaron la marcha, entre ellos la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y los trabajadores de Parmalat y Zanon. “No desconocemos la actual defensa de los derechos humanos por nuestros 30 mil desaparecidos. Pero el Gobierno se olvida de los desaparecidos vivos. El hambre y la desocupación son flagelos que violan permanentemente los derechos humanos, y eso también es lo que reclamamos hoy, que se terminecon esa impunidad”, dijo a Página/12 la titular de la Asociación Madres, Hebe de Bonafini.
La masiva convocatoria –los organizadores calcularon entre veinte y treinta mil personas– fue reivindicada por las agrupaciones piqueteras como una “nueva demostración de unidad”. Así se encargó de destacarlo Néstor Pitrola, líder de Polo Obrero: “Quisieron ahogar el movimiento pero no pudieron. Todos los protagonistas hemos crecido enormemente. Y hoy somos más los que aquí reclamamos que la Justicia avance y se termine con el pacto de encubrimiento”. El amplio alcance que tuvo la movilización no sólo se reflejó en el abanico de las organizaciones presentes. También quedó expresado en las múltiples consignas que acompañaron al reclamo central y que quedaron plasmadas en la frase que cerró el acto: “En el puente están presentes los presos políticos y los pibes de Cromañón”.
Las columnas comenzaron a desconcentrarse cuando un sol que pareció desconocer los designios del calendario ya comenzaba a bajar. El corte del puente, que duró alrededor de cuatro horas, concluyó la serie de actividades que arrancaron el jueves frente al Tribunal de Lomas con una obra de teatro y un balance público de la causa. Ese día las carpas levantadas cuando comenzó el juicio fueron desarmadas pero volverán cuando el tribunal integrado por Elisa Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán haga conocer la sentencia.

Informe: Carolina Keve.