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“Es un proyecto posible de ser tratado, quizá no antes del 23 (de octubre) pero sí antes de fin de año, porque es algo que viene reclamando la sociedad.” El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, hablaba con Página/12 de la iniciativa parlamentaria para declarar la nulidad de los indultos presidenciales a altos jefes militares de la dictadura. Esta semana la Comisión de Asuntos Constitucionales pudo consensuar un dictamen que sintetiza casi todos los proyectos sobre el tema, que sería firmado el miércoles y estaría en condiciones de ser tratado. El punto de convergencia fue la propuesta del justicialista Gerardo Conte Grand, que sintetiza los proyectos de Patricia Walsh (IU), Araceli Méndez de Ferreyra (Convergencia) y Margarita Stolbizer (UCR). Sus impulsores se preguntan si los tiempos de campaña y el revoltijo del bloque oficialista ayudarán a reactivar el proyecto.
“En la comisión estuvimos de acuerdo, hay que ver qué pasa en el bloque y qué dice el patrón”, comentó Conte Grand a Página/12 en alusión al último espaldarazo político que necesita la iniciativa. El diputado mencionó la adhesión a su proyecto del presidente de la comisión, el romerista Juan Manuel Urtubey, los duhaldistas Juan Carlos Correa, Carlos Martínez, y Rosario Romero, y el kirchnerista Rodolfo Roquel. “Voy a ver si podemos emitir dictamen esta semana”, indicó Urtubey a este diario. Además, el miércoles Conte Grand fue recibido por Camaño. “Sí, habló conmigo y su proyecto es el que más se acerca a la voluntad del resto de los diputados, incluso de otras bancadas”, confirmó el presidente de la Cámara baja. De hecho, en los fundamentos de su iniciativa, Conte Grand remite a las argumentaciones de sus tres colegas porque “recogen la pluma de grandes cabezas de especialistas en derechos humanos, como Carlos Zamorano”.
Conte Grand advirtió que había sectores dentro del peronismo que tenían muchos reparos jurídicos respecto de las consecuencias de declarar la nulidad de los decretos que indultaron a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en los respectivos procesos judiciales. “La nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en sí misma era aceptable porque es el Legislativo que revisa un acto propio”, recordó. ¿Cuál es la forma menos objetable jurídicamente que encontró el legislador? Su proyecto tiene tan sólo dos artículos. El primero establece que “la facultad de indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, que consagra el artículo 99 inciso 5 de la Constitución Nacional como atribución del Poder Ejecutivo, no puede ejercerse, bajo pena de nulidad insanable del acto que la disponga, cuando no mediase una condena del beneficiario de dichas medidas o se tratase de delitos de lesa humanidad, tipificados en los tratados a los que se refiere el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”. Es decir que la facultad presidencial de indultar debe limitarse a condenados porque el indulto es un perdón de la pena, y si se perdona antes de una condena se está impidiendo el proceso judicial y el acto es nulo.
El segundo artículo determina que “toda impugnación de dichos actos en sede judicial debe ser resuelta considerando lo dispuesto en el artículo anterior, resultando siempre indeclinable para el tribunal interviniente el pronunciamiento sobre la validez o invalidez de los indultos o conmutaciones de penas, aunque hayan sido dictadas mediante decretos de fecha anterior a la vigencia de esta ley”. Esta es la manera de soslayar planteos sobre un hipotético avasallamiento de la Justicia, porque es ella la que debe revisar el fondo de cada caso y determinar la validez de los indultos. Pero así, ¿no perderá efecto la futura norma? Según Conte Grand, “en última instancia todos los planteos terminan igual en la Justicia”.
El miércoles pasado, Walsh participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la cual se consensuó el dictamen y expresóque sentía “satisfacción” por ello. Aunque fue ella quien impulsó numerosas sesiones especiales en las que el tema no pudo ser tratado por los pocos diputados presentes, en alguna oportunidad expresó que “nadie tiene la patente exclusiva para avanzar en esto”. El diputado de Autodeterminación y Libertad Luis Zamora también tiene un proyecto sobre la nulidad de los indultos que incluye la creación de tribunales populares. No fue tenido en cuenta en la comisión a la hora de elaborar el dictamen que está a punto de ser firmado.
Con los tres decretos de indulto dictados por Carlos Menem al inicio de su primer mandato fueron beneficiados 46 represores de alto rango, 38 con los dos primeros y 8 con el último en el cual aparecen los nombres de los condenados durante el Juicio a las Juntas.