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El Gobierno reconoció ayer, a través de la ministra de Trabajo Graciela Camaño, que el Plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados no tendrá cobertura universal. Durante una conferencia de prensa en el auditorio del ministerio, Camaño informó que la inscripción al programa está oficialmente cerrada y no será reabierta. La postura señala un profundo cambio de sentido en el principal programa social de Eduardo Duhalde, publicitado como un derecho universal de inclusión, ya que implica que en realidad sólo accederán al subsidio aquellos desocupados que se hayan anotado antes del 17 de abril. ¿Cómo puede considerarse universal un plan en el que no es posible inscribirse?, preguntó a la ministra Página/12. “En algún momento había que hacer un corte por razones presupuestarias”, respondió Camaño.
La decisión de frenar el ingreso al programa había circulado la semana pasada en forma de rumor y de sospechas. El jueves, en la reunión del Consejo Nacional Consultivo, el organismo que maneja los planes, un asesor llegó a deslizar tal posibilidad sin dar mayores detalles. El viernes y el lunes distintas organizaciones de desocupados (el sector de Alderete y D’Elía por un lado, los piqueteros de la Aníbal Verón por el otro) plantearon que a cientos de solicitantes se les estaba negando la entrada al sistema. La confirmación del Gobierno llegó recién ayer, en la rueda de prensa.
En la conferencia de prensa Camaño dio a conocer los últimos números del Jefes de Hogar. Cobrarán el subsidio un millón 400 mil beneficiarios, con una inversión total de 210 millones. El plan se pagará en Lecops, desde el 19 de junio al 2 de julio, con un cronograma escalonado.
A partir del próximo 27, se agregará a los listados una planilla complementaria de 260 mil personas, es decir que en julio podrían estar cobrando un millón 600 mil desocupados.
Hay 300 mil solicitudes bajo revisión por no haber reunido los requisitos requeridos. El pago de los planes, aseguró, “está garantizado hasta el mes de diciembre”.
También hubo un aparte para las denuncias de irregularidades y hechos de corrupción. De acuerdo con los datos expuestos, el ministerio recibió unas 800 denuncias en los últimos dos meses. “Casos de inescrupulosos, delincuentes que se quedan con alguna cuotaparte del programa que cobran los más indigentes de nuestra sociedad”, definió la ministra. Camaño aseguró que las denuncias serán elevadas para su investigación a la Justicia.
También replicó a las críticas recibidas desde la Central de Trabajadores Argentinos y la Corriente Clasista y Combativa sobre una supuesta utilización clientelística de los planes. “Ustedes saben que la CTA y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) es más o menos todo lo mismo, la cabeza de todo estos grupos es el señor Víctor De Gennaro y ellos participan del Consejo Consultivo Nacional, tiene ahí una silla y por supuesto saben de qué manera ha sido instrumentado el programa.”
La confirmación del cierre de la inscripción al Plan Jefes y Jefas de Hogar generó anoche los primeros rechazos.
El más fuerte se escuchó desde las intendencias. “La inscripción debe seguir abierta”, planteó Luis Baldo, integrante del Consejo en representación de la Federación Argentina de Municipios. “Es en nuestro territorio donde se producen todas las situaciones de exclusión social, a las que necesitamos que se dé respuesta. Cerrar el ingreso al plan es un error, porque la desocupación no es una fotografía, hay un proceso de deterioro social creciente.”
Miguel Torrado, del Foro del Sector Social, calificó la situación de “preocupante, porque tendremos que enfrentar un conflicto entre el decreto y la realidad, entre la falta de dinero y estado de la gente, que es desesperante”. El Consejo Consultivo tiene previsto su próximo encuentro este jueves. Aunque es el organismo encargado de ejecutar y controlar elplan, desde su lanzamiento sólo se reunió dos veces. Hasta ahora ni siquiera terminó de consensuar un reglamento de funcionamiento interno.