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La causa por la muerte de Walter Bulacio, ocurrida hace 11 años, acumuló 4000 fojas, pasó por las manos de 36 jueces, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones porteña tuvo que intervenir 26 veces y en dos ocasiones llegó a la Corte Suprema. Toda esa actividad judicial fue impulsada por los padres de la víctima, reconocidos hasta ahora como parte querellante, pero no alcanzó para condenar al único imputado, el comisario retirado Miguel Angel Espósito, fugazmente procesado y con prisión preventiva. Como golpe final, la Cámara ahora le quitó hasta el rol de querellante a Graciela Scavone, la mamá de Walter –el papá, Víctor, ya falleció–, lo que provoca el cierre virtual de la acción penal porque ya no pueden seguir reclamando justicia. “El recurso del Estado para cerrar el caso fue echar a los querellantes. Admiten con ello que somos el único obstáculo que les queda para lograr la impunidad”, denunciaron ayer los abogados María del Carmen Verdú y Luis Stragá, en representación de la familia.
De acuerdo con los tiempos procesales, la prescripción del caso se produjo el 16 de mayo pasado, sin que la defensa respondiera nunca los cargos formulados por la fiscal de primera instancia Mónica Cuñarro, que había pedido 15 años de prisión para Espósito, mientras que la querella solicitó seis años. Espósito estaba acusado por la detención ilegal de 73 chicos, entre ellos Bulacio, que intentaron asistir, el 19 de abril de 1991, a un recital de Los Redonditos de Ricota.
“Antes de dictar la prescripción decidieron sacar del medio a la querella. La cuestión jurídica que se aduce es insostenible, pero la decisión confirma el rol de los jueces en la implementación de las políticas represivas del Estado”, aseguró la doctora Verdú en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de la Liga por los Derechos del Hombre (LADH).
En su fallo, luego de recordar que varias veces desechó el pedido de la defensa de Espósito para sacar del medio a la querella por una supuesta “falta de acción”, la Cámara VI justifica ahora su decisión contraria argumentando que la “privación ilegal de la libertad agravada” que se le adjudica a Espósito “no guarda relación causal con la muerte del joven”. Los jueces señalan que el artículo 170 del Código sólo autoriza a los padres a querellar “cuando se trate de un homicidio o de cualquier otro delito que tuviera como consecuencia una muerte”.
Como en la causa no se reconoce que Bulacio murió a consecuencia de la detención ilegal que sufrió, los padres dejan de ser querellantes cuando el expediente está llegando a las 4000 fojas. Los habían admitido como tales a fojas 195. Lo más extraño es que no se explica por qué pudieron ser querellantes durante tanto tiempo, cuando desde hace años se descartó la acusación de homicidio contra Espósito. Los abogados de la familia presentaron un recurso extraordinario contra la decisión de la Cámara, pero adelantaron que desechan la posibilidad de un fallo favorable.
María Armas, la abuela de Walter Bulacio, estuvo presente en la conferencia de prensa. “Ya no tengo ni religión porque ni Dios me ayudó a encontrar la justicia que estaba necesitando”, dijo la mujer a este diario. “Mi única esperanza es la hermanita de Walter, que tiene 8 años, y es igualita a él.” Desde hace años, María acompaña cada marcha y estuvo internada luego de un “escrache” al domicilio de Espósito. “Los nervios me mataron”, reconoció. Su preocupación mayor es cumplir el juramento que le hizo a su hijo Víctor, el papá de Walter, cuando murió en abril de 2001: “Le dije que iba a seguir hasta que Espósito pague por lo que hizo. El se murió escuchando esa promesa”.