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Por Julieta Rossi *

El decreto que creó el tan anunciado “Plan Jefes y Jefas de Hogar” tiene el descaro de identificar este subsidio con la efectivización del “derecho familiar a la inclusión social”. Según el Poder Ejecutivo, los 150 lecop se otorgan en cumplimiento de los tratados y convenciones sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Sin embargo, el Plan no hace efectivo un derecho ni existe el “derecho a la inclusión familiar”.
A partir del diagnóstico del Diálogo Social –que advierte sobre la regresividad de la distribución del ingreso–, el Presidente afirma que “es importante promover una transferencia de recursos entre quienes disponen de mayores ingresos hacia los sectores que menos tienen, para contribuir a una mayor equidad y promover un desarrollo económico social sustentable”. En idéntica tesitura, la ministra de Trabajo expresó su reconocimiento hacia “quienes comienzan a hacer realidad su reingreso al mundo laboral”. No debemos permitir que nos engañen: el Plan no implica reincorporación al mundo laboral ni puede identificarse con un salario. Tampoco propone una nueva distribución del ingreso. Este subsidio no se inscribe en la lógica del reconocimiento de “derechos” ni implica una política de creación de empleo sino que es parte del modelo asistencialista y compensatorio que ha primado en las políticas sociales.
De ninguna manera puede atribuírsele a este estipendio la virtualidad de “incluir” a sus beneficiarios, si por inclusión entendemos, como mínimo, la posibilidad de gozar y ejercer los derechos básicos. El “salario” estatal, en la perspectiva de una inflación en aumento, resulta insuficiente para cubrir las necesidades mínimas y no hace sino validar y perpetuar la pobreza. Por otra parte, su pretendido carácter universal es falso. No todos los desempleados con hijos menores a su cargo recibirán el subsidio ya que el presupuesto previsto no lo permite (según estimaciones, sólo alcanza para 1.200.000 personas). Además, se ha excluido a jefes y jefas que no pudieron cumplir con los requisitos exigidos (partidas de nacimiento y libreta sanitaria, CUIL, etc.).
A pesar de la tan anunciada transparencia de los subsidios, las denuncias públicas desde distintos sectores permiten sospechar sobre la pretendida erradicación de las prácticas clientelistas. Esto lacera la dignidad de los más necesitados, obligados a mendigar al Estado el cumplimiento de su función básica, a cambio de favores políticos.
La dirigencia política ha mal importado sin vergüenza un concepto utilizado en Europa, el “ingreso mínimo ciudadano”, que dista enormemente de la propuesta del Gobierno. Se ha querido, además, aprovechar el consenso popular de la propuesta del Frenapo sobre la asignación de un Seguro de Empleo y Formación, para esconder el verdadero carácter asistencialista del Plan. Así, el Estado omite la definición de políticas económicas duraderas y responsables, que prioricen la igualdad sustancial y la plena realización de los derechos sociales, único modo de reconstruir una democracia verdadera. Un mínimo de respeto hacia quienes sufren niveles inéditos y vergonzosos de miseria exige, al menos, llamar a las cosas por su nombre.

* Coordinadora del Programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Cels.