Aunque ayer declararon varios testigos en el juicio político a Aníbal Ibarra, toda la atención estuvo centrada en uno en particular: el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, quien afirmó que República Cromañón tenía “protección policial” y cargó así las tintas sobre la Policía Federal. El ex funcionario asumió, además, toda la responsabilidad política dentro del ámbito de la administración local y deslindó, por lo tanto, la que algunos le atribuyen al suspendido jefe de Gobierno. “Me tocó vivir una catástrofe impensable; el tiempo dirá si me equivoqué, pero si por esto paga Ibarra, va a ser injusto”, señaló López y se quebró en un momento en el que se refirió a las 194 víctimas de la tragedia. “Yo vi a cada uno de los muertos. Esos chicos me van a perseguir siempre; esos muertos merecen un mejor debate y la sociedad debe cuidar mejor a sus chicos”, dijo con lágrimas en sus ojos.

López llegó a la Legislatura a las ocho y media de la mañana contra todas las versiones que habían circulado durante los últimos días y que indicaban que no se presentaría por estar procesado en la causa penal por Cromañón, en la cual es el único ex funcionario al que se le imputa homicidio culposo. Hasta ahora sus ex compañeros en la administración porteña también comprometidos judicialmente habían optado por no acudir a declarar ante los legisladores.

“Faltar a la audiencia no hubiera sido digno. Uno tiene que dar la cara”, remarcó López a Página/12. En su caso no sólo fue convocado a declarar por la acusación, sino también por la defensa de Ibarra, quien quedó por demás satisfecho con su paso por la Legislatura.

El testimonio de López acaparó toda la atención de la jornada, a pesar de que la Sala Juzgadora también tomó declaración a otros testigos de importancia. La nómina la completaron el ex subsecretario de Justicia y Trabajo Marcelo Antuña; la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante; la diputada nacional y ex secretaria de Gobierno y Control Comunal Silvana Giudici; la procuradora general Alejandra Tadei y la defensora del Pueblo Alicia Pierini. El que sí faltó a la cita fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien ya había dicho que no iría porque no lo citaron del modo en que correspondía.

López se señaló a sí mismo como responsable político de la tragedia, pero atribuyó a la Federal lo sucedido en el boliche de Once. “No apareció nunca ni de modo formal ni informal como problemático. Cromañón fue un lugar que, según afirma la Justicia, estuvo protegido por la policía; por eso no llegaban los inspectores”, remarcó en la Legislatura. “Yo hablo con nombre y apellido de funcionarios de la comisaría séptima”, precisó más tarde a este diario, en referencia a los efectivos de esa seccional acusados de recibir coimas. Enfatizó también que “las pruebas indican que la policía era la que tenía que actuar y no lo hizo porque cobraba”.

El ex secretario de Seguridad porteño estuvo frente a los legisladores durante casi cinco horas. A más de uno le llamó la atención el marco de respeto en que se concretó su declaración. Los pocos familiares presentes en la Legislatura lo siguieron con atención y no hubo contrapuntos con los interrogadores ni con ningún miembro de la Sala Juzgadora.

A López –quien reconoció que durante su gestión “no hubo ninguna inspección” a Cromañón, “salvo la fallida de febrero” de ese año, cuando un inspector encontró el boliche cerrado– se le llenaron los ojos de lágrimas cuando recordó que la noche de la tragedia había visto a “a cada uno de los muertos”. En ese instante no sólo apuntó que “esos chicos me van a perseguir siempre”, sino también advirtió que “esos muertos merecen un mejor debate y la sociedad debe cuidar mejor a sus chicos. El Estado está siempre detrás, nunca delante de los hechos”.

Además de asumir su responsabilidad política, López hizo un mea culpa por haber renunciado a las pocas horas de la tragedia. “Resolví que me tenía que ir sin imaginarme que cometí un error político enorme y abrí las puertas del infierno para un gobierno”, evaluó el ex funcionario, quien hoy entiende que, de haberse quedado más tiempo en su cargo, Ibarra habría pagado un menor costo y no estaría en la situación en que se encuentra.