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Se siente el “pato de la boda”, o más bien un “chivo expiatorio”. Y así se lo transmitió a los jueces de la sala I de la Cámara Federal. El comisario general Rubén Santos pidió verlos porque son ellos los que tienen que decidir su destino en la causa sobre la masacre de Plaza de Mayo, ocurrida tras la represión del 20 de diciembre. El miércoles pasado abandonó el escuadrón de Gendarmería en Campo de Mayo, donde está detenido tras haber sido procesado por los cinco homicidios investigados en el caso, y mantuvo una entrevista “personal” con los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani. Por otra parte, el viernes esos jueces realizaron una inspección ocular en la sala de situación del Departamento Central de la Policía Federal para verificar de visu el nivel de visualización que tuvieron los jefes policiales sobre la represión ordenada aquella tarde.
Los camaristas tienen que decidir las apelaciones de todas las partes: los querellantes que representan a la víctimas cuestionaron la falta de mérito que la jueza María Servini de Cubría dictó a Fernando de la Rúa, Ramón Mestre y Enrique Mathov respecto de los asesinatos. De hecho, los abogados del ex presidente fueron más allá y solicitaron su sobreseimiento. Y los defensores de esos imputados apelaron los procesamientos que la magistrada dictó por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad. Fuentes vinculadas al caso confiaron a Página/12 que “es necesario ordenar la investigación para armar una causa más prolija”. Y agregó que están “reconstruyendo hecho por hecho, lesión por lesión para establecer los distintos escenarios que se vivieron durante la jornada, y así poder aclarar quién debía controlar y quién no”. Por ese motivo decidieron realizar una serie de medidas de prueba, entre ellas la inspección a la sala de situación de la Federal.