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Los secuestros y las muertes de los últimos días terminaron llevando otra vez la seguridad al centro de la agenda política. Para decidir salidas que calmen la psicosis de los secuestros, se reunieron los capos de todas las fuerzas provinciales y federales, el presidente Eduardo Duhalde, el ministro Juan José Alvarez, el gobernador Felipe Solá y Juan Pablo Cafiero, debutante ministro de la policía más dura de roer. Lo cierto de la jornada es que no todos los que estuvieron en la reunión asumieron la misma responsabilidad por la situación, incluso desestimada desde la Federal. Por eso se acordó que los anuncios para intentar resolver el problema saldrían de quien parece el más acuciado, Cafiero: la formación de un cuerpo de elite antisecuestros, operativos direccionados en las zonas de mayor índice delictivo y unos milagrosos 2 millones de pesos para construir cárceles de emergencia que permitan desagotar las comisarías bonaerenses y así hacer regresar a los efectivos a las calles. El fantasma de una policía de brazos caídos y la actividad de bandas mixtas fueron evaluados y negados desde el gobierno de Solá. Aunque Cafiero, cuando ayer le preguntaron si tenía el respaldo de la fuerza, apostó: “No pido el respaldo de la policía; mi único respaldo es el que me da el gobernador. Es lo que yo necesito para trabajar”.
El gobernador lo dijo anoche claramente: “Los bonaerenses se van a tener que acostumbrar, dentro de la legalidad, a operativos sorpresa que nos traen malos recuerdos, pero que tenemos que hacer”. Se refería a los “operativos pinza” que un equipo estuvo todo el día de ayer terminando de diseñar. A cargo de los Comandos de Patrulla de las diferentes Departamentales, los operativos comenzarán hoy mismo, allí donde más secuestros express y extorsivos haya habido en los últimos tiempos. Mostrar efectividad en la calle es uno de los lemas de la fuerza. “Lo primero que necesitás es un monitoreo para ver las modalidades, las frecuencias, los lugares, y eso está hecho, de ahí en más se pueden poner en práctica operativos direccionados”, le dijo a Página/12 uno de los funcionarios encargados del diseño de las pinzas bonaerenses.
La reunión de ayer se hizo después de que el gobernador Solá admitiera el fin de semana que la policía estaba “desbordada” por la ola de delitos. En la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, durante unas dos horas, conversaron Duhalde, Solá, Alvarez, Cafiero, los jefes de la Gendarmería, Hugo Miranda; y de la Prefectura, Juan José Beltritti; el superintendente de la Policía Bonaerense, Alberto Sobrado, y el segundo de la Policía Federal, Julio Peremateu. Lo que preocupa sobre todo al gobierno provincial es la escalada de delitos producida desde que en Avellaneda oficiales bonaerenses fusilaron a dos activistas del movimiento piquetero. El crescendo de violencia ha ido más allá de la modalidad del secuestro express en el que los ladrones, que ya no encuentran efectivo en la calle, optan por pedir rescates no demasiado altos para hacerse rápidamente de dinero. Lo que cuestionó la seguridad provincial fueron las muertes este fin de semana de un secuestrado –un joven comerciante– y un empresario en un presunto caso de robo, además del asesinato del comisario Omar Palacios, segundo de la DDI de Morón, que estaba custodiado por tres colegas cuando lo balearon por la espalda.
Ayer, Página/12 testeó a funcionarios en diferentes niveles sobre la posibilidad de que el ministro Cafiero estuviera recibiendo un “vuelto” de la vieja Bonaerense y sus también antiguas bandas. Los funcionarios aceptan que evalúan la hipótesis, pero niegan que esto sea realmente así. La vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Graciela Podestá, opinó: “Es demasiado extraña la manera en que se incrementaron los hechos delictivos violentos. No sea cosa que haya algunos mensajes mafiosos que la fuerza no cuenta, porque a estas alturas los pases de cuenta no se firman”. En una conferencia de prensa donde anunció el desbaratamiento de una banda policial, el procurador general de la Corte, Matías de la Cruz dijo: “Hay mucha policía retraída”. Y fueron dos las fuentes que señalaron sospechas en torno a la muerte de Palacios.
Con la jefatura del comisario Daniel Rago –desplazado como jefe de la Departamental Lomas de Zamora cuando se encontró una picana en la comisaría de Centenario–, se lanza hoy también la flamante brigada antisecuestros. En el ministerio describieron que tendrá tres cuerpos: Inteligencia técnica, un grupo de análisis de las modalidades de las diferentes bandas; un Grupo de Crisis, que conducirá las negociaciones y dará contención a las familias de los secuestrados, y el Grupo Halcón. Una altísima fuente del ministerio fue más que optimista a última hora de anoche: “Los índices de resolución son altos en la Bonaerense. Todos los días se resuelven dos o tres, pero no se dan a conocer por pedido de los familiares”. El otro dato que auspicia el optimismo del gobierno provincial es que se consiguieron, reasignando partidas, “casi 2 millones” para la construcción de dos cárceles de emergencia con cupo para 1500 presos en Gorina y Magdalena, ampliaciones en los penales de Florencio Varela y Campana y el traslado a un edificio de Gendarmería en Mercedes de otros 600 internos. De esa manera, habría 2500 presos menos en las comisarías, donde el 35 por ciento de los policías se dedica a custodiarlos y a controlar motines.