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El juez federal Claudio Bonadío interrogó ayer a seis militares que fueron detenidos en la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de los militantes montoneros que participaron de la denominada “contraofensiva” entre fines de 1979 y principios de 1980. Los generales Jorge Olivera Rovere y Juan Ramón Mabragaña, y el coronel Pascual Guerrieri fueron tres de los acusados llevados a tribunales. El magistrado tiene previsto escuchar hoy a otros doce imputados.
La detención de Mabragaña, ex jefe del Regimiento de Paso de los Libres, fue una de las que más incomodó al Ejército. El general es considerado un héroe de la Guerra de Malvinas y es presidente del arma de Infantería, un reconocimiento que se les da a oficiales retirados con legajos distinguidos. Fue trasladado ayer desde el Regimiento Patricios hasta los tribunales de Retiro para que Bonadío lo interrogara por secuestros y asesinatos cometidos entre 1978 y 1980 y según informó su abogado, José Scelzi, se negó a declarar. “Primero quiere leer las actuaciones o tener acceso a la prueba. Está muy sorprendido”, afirmó Scelzi.
Olivera Rovere, ex segundo comandante del Primer Cuerpo del Ejército, fue otro de los militares que fueron llevados frente al juez. Estuvo involucrado en la causa en la que se investiga el plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos, pero el entonces juez federal Adolfo Bagnasco consideró que no se había podido probar si el centro de detención Automotores Orletti dependía de él o de la SIDE y lo dejó en libertad. En 1989 había sido beneficiado con el indulto de Carlos Menem. Esta vez, Olivera Rovere podría volver a quedar desligado de otro expediente. Es que el militar pasó a retiro a fines de 1977 y, en principio, los hechos que investigan Bonadío y el secretario Diego Agüero son posteriores. Esta explicación fue la que hizo Olivera Rovere ante el juez antes de regresar al Regimiento de Granaderos a caballo.
No trascendió qué dijo el tercer militar que se presentó ante el juez, pero se supo que era Guerrieri, señalado como uno de los auxiliares de Galtieri en Santa Fe y en el centro clandestino de detención Quinta de Funes. Durante la última dictadura, el coronel estuvo en el destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y en democracia visitaba el edificio de la SIDE, donde supuestamente revistaba como asesor.
Otros tres acusados habrían cumplido ayer con el trámite de la declaración indagatoria, pero no se supo de quiénes se trataba. Para hoy el tribunal tiene previsto interrogar a doce represores. Ayer el juzgado tenía agendado también interrogar al dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, pero la audiencia se habría pospuesto para mañana.
Estos interrogatorios se suman a los que hizo Bonadío la semana pasada, cuando escuchó a Julio Simón (a) “El Turco Julián”, Juan Antonio Del Cerro (a) “Colores” y a Carlos Guillermo Suárez Mason –quienes ya estaban presos en otras causas por robo de bebés– y a tres miembros de la policía federal.
El miércoles pasado Bonadío ordenó la detención de 44 represores por el secuestro y homicidio de dieciocho militantes montoneros desaparecidos entre fines de 1979 y principios de 1980 después de que regresaran al país como parte de la contraofensiva planeada por la cúpula de la organización. Algunos, incluso, como Horacio Campligia, Mónica Pinus, Lorenzo Viñas y Jorge Adur fueron secuestrados en Brasil, mientras intentaban ingresar a la Argentina.