Fracaso. Corrupción. Débiles controles. Fuerzas de seguridad sospechadas. Fiscales y jueces desconfiados. La ex titular de la flamante Ufidro –la unidad de ayuda para el combate del narcotráfico– y fiscal en lo criminal, Mónica Cuñarro, cuenta la investigación en la que se sospecha que la policía es cómplice de la guerra de narcos en la Ciudad de Buenos Aires. Durante un año y medio al frente de la oficina creada tras el escándalo de Southern Winds –por el Ministerio del Interior y la Procuración General– para ayudar en las investigaciones complejas sobre narcotráfico, Cuñarro dejó el cargo hace ya cuatro meses en medio de versiones encontradas sobre su renuncia. Aunque por “respeto institucional” se niega a hablar de las razones de su eyección de la Ufidro, en un reportaje exclusivo con Página/12 analiza “el fracaso de las políticas contra el tráfico de drogas”, el rol de las fuerzas de seguridad y el mapa de la droga en la capital. “Hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico”, dice.

Aunque siempre ha sido una versión que en los territorios se propaga como una de esas verdades secretas pero obvias, el rol de la policía como posible facilitador, encubridor o partícipe de las redes del narcotráfico local nunca había sido puesto en la agenda de manera oficial. Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales de la Capital y titular de la fiscalía en lo criminal 16, Cuñarro no ha abandonado, tras su renuncia a la unidad antinarcos, la mirada fija en un fenómeno que tiene ya diez años, aunque su nivel de complejidad vaya creciendo. Junto a un grupo de diez fiscales y jueces durante los últimos tres meses cruzaron los datos de las causas penales que permanecían inconexas por desidia o estrategia policial y escribieron una de las denuncias más duras del año: advierten de la posible corrupción de la fuerza. La lista de crímenes es tan abrumadora que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal en pleno decidió emitir una resolución copiando la denuncia a todos los fiscales de la capital para que estén al tanto de posibles trampas.

Hace diez años que las muertes del narcotráfico llegan no sólo al cementerio de Flores sino a las fiscalías y jueces porteños. Uno tras otro, los crímenes más violentos de la ciudad se han ido convirtiendo en expedientes la mayoría de las veces archivados. Dos masacres en las que un grupo de narcos peruanos decidió eliminar al otro matando a tres de sus líderes en una sola emboscada encargada a sicarios. Degollados por traicionar a los jefes. Quemados. Fusilados: primero un tiro en las piernas para que se arrodille el ajusticiado, luego en la cabeza. Y los muertos por equivocación. Y los muertos por las balas de los tiroteos ajenos, como la niña de tres años que fue alcanzada por un disparo el último jueves al mediodía. Fue en la misma esquina, Bonorino y Riestra, donde un grupo de sicarios atacó con ametralladoras la procesión del Señor de los Milagros el 29 de octubre del 2005 y mató a cinco e hirió a ocho.

Pero los territorios cambian. La situación de los grupos, la estabilidad y el conflicto que amenaza el equilibrio siempre precario, tiene sus ritmos. Hasta poco después de esa masacre la disputa había sido entre los líderes de la 1.11.14, Salvador, o Marcos, y Ruti. Ruti preso, su hermano Meteoro muerto, la 1.11.14 es hoy un barrio mirado con cierta envidia por sus vecinos. “Preferiríamos vivir en un lugar donde hay uno que manda y ordena, porque así no hay tantos muertos”, coinciden muchos de los vecinos del Rivadavia I y II, donde otros grupos, como los Solís, tienden a competir por acumular poder territorial imitando a los que durante una década han educado a sangre y fuego (de manera literal) a su comunidad. Si no, no se comprende que en el hospital de referencia de la zona del Bajo Flores, el Piñero, en sólo seis meses hayan ingresado 140 personas heridas de arma de fuego. Los capítulos clave de esta historia han sido narrados en Página/12. El lector puede ahora leer el diálogo con la mujer que más conoce las claves del drama que viven miles de porteños.

–¿De qué manera se está combatiendo al narcotráfico?

–Uno de los síntomas más claros del fracaso de las políticas en marcha es que se satura el sistema sólo con hechos de flagrancia, con lo que encuentran por la casualidad en el cateo, abandonado u oculto de alguna manera. Gendarmería secuestra la droga que detecta cuando cruza la frontera. Prefectura la detecta cuando hace el patrullaje en el río. La policía lo que se le cruza en la calle. Se encuentra droga, cada vez más, pero casi nunca hay detenidos clave por esos hallazgos, porque en realidad escasean las investigaciones que lleguen a los niveles más altos de las organizaciones criminales.

–¿Pero cómo se mejoraría esto?

–Lo que se hizo fue establecer patrones de tipo cualitativo que determinaban que siempre aparecía la misma gente o que había armas de determinadas características en la misma zona. Como Ufidro hicimos hace ya seis meses otra denuncia dando cuenta de la existencia de una organización de alta complejidad dedicada a la distribución en la Ciudad de Buenos Aires, con base en el Bajo Flores, en la que competían dos grupos.

–Al mismo tiempo usted giró la denuncia a la Procuración General y pidió formar una comisión de fiscales que investigue este tema.

–Entonces ya se propuso conformar una comisión integrada por los fiscales que tenían causas y hasta ahora no hubo respuesta, lo que no significa que no vaya a haberla en el futuro. Esto es porque una unidad como la Ufidro tiene límites. La unidad es un híbrido legal, no es una fiscalía. Por lo tanto, no puede ser operativa porque si no podría dar lugar a que en las causas donde interviene luego se planteen con toda razón nulidades por esa irregularidad. Pero además puede ser peligrosa la digitación de investigaciones.

–¿Por qué de alguna manera la Ufidro depende del poder político?

–Aunque la financió el Ministerio del Interior no depende del poder político, depende de la Procuración. Lo que puede hacer es coadyuvar dando recursos porque son insuficientes en una fiscalía o tratando de buscar elementos de prueba que sean aportados a pedido de los fiscales.

–¿Por qué renunció a la Ufidro?

–Es un tema institucional al que no me puedo referir. Le pido disculpas pero no voy a hablar de mi renuncia, por respeto institucional.

–¿Pero entonces, con esas limitaciones, ¿qué hizo usted en la Ufidro?

–En primer lugar, lo que hice fue tratar de relevar hechos, móviles, personas y patrones comunes para aportarlos como prueba a las causas en trámite.

–En términos concretos, ¿cómo impacta esto en las investigaciones que parecen no llegar a ningún lado?

–Esto da por resultado un relevamiento de más de 30 causas en que estos parámetros se van repitiendo, con características similares en la zona de las comisarías 34ª, 36ª y 38ª. Esto se suma a los trabajos del cuerpo médico forense: relevan los casos de mulas evisceradas que denotaban la pericia de un profesional en la forma de intervenirlos quirúrgicamente. La Cámara del Crimen lo hace propio e institucionalmente decide informar no solamente a los jueces que habían enviado documentación, sino a todos los jueces y fiscales criminales porque pueden aparecer más hechos que deban ser cruzados.

–O sea, la Cámara del Crimen dio un alerta sobre el narcotráfico.

–Alerta sobre la presencia del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Que detrás de crímenes puede haber tráfico de drogas.

–En una investigación de Página/12 detectamos que las tramas narco que explican algunos crímenes les fueron ocultadas a los jueces y fiscales.

–Lo que nosotros advertimos en todas las causas era que, por ejemplo, ante un hecho o enfrentamiento, se les daba la novedad a distintos jueces y a distintos fiscales, y a veces no se los imponía de los antecedentes de estos hechos. De esa manera, el funcionario o magistrado, un fiscal o un juez, no puede tomar acabado conocimiento sobre el delito.

–El porqué del tiroteo.

–Por ejemplo. Y adoptar las medidas que correspondan. Ahora, también vimos que no era producto del 2006, que había sido del 2005, es decir, que viene dándose a lo largo de los años.

–¿Cómo calificaría esta actitud?

–Esto lo calificamos como omisión grave, producto de una grave negligencia. Tampoco descartamos que se pueda probar la participación criminal en encubrimientos o en otro tipo de hechos. Esto es lo que ahora deberá investigarse. Hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico. Esto es una denuncia que está muy fundamentada y se tomarán las medidas que se tengan que tomar.

–¿Ustedes sospechan de una zona liberada?

–Está corroborado que de los 140 heridos por armas de fuego que ingresaron al Piñero en seis meses, un 60 por ciento correspondía a la comisaría 36ª, y el resto a la 38ª y la 34ª. Los profesionales de la salud recordaban que durante las fechas correspondientes a lo que se conoce como la “masacre del Bajo Flores” (29 de octubre de 2005) los números eran distintos. Lo cierto es que para nosotros las muertes de los últimos meses son producto de nuevas bandas.

–Señalan como clave el fusilamiento del joven Brian Vigiano. ¿Qué relevancia tiene su muerte en este contexto?

–La muerte de Brian se produce en el contexto de un enfrentamiento entre dos grupos y que, justamente por el ocultamiento de información de la Federal, no se pudo ver la maniobra delictiva en su conjunto porque se daba intervención a diversos jueces distrayendo la investigación. Esto generó que uno de los jueces extrajera testimonios para analizar la conducta de la Federal.

–¿La policía dividió el hecho situándolos en distintas jurisdicciones para que les toque investigar a distintos jueces?

–Sí. Nosotros hablamos de hechos puntuales en donde mostramos cómo en un enfrentamiento se le comunica a un juez y un fiscal, y otro hecho a otros, aunque jurisdiccionalmente se trata de un mismo lugar y durante un mismo turno. Esto es lo preocupante, que se denuncia que posiblemente las fuerzas de seguridad protejan el narcotráfico.

–¿Cómo ve la política criminal que se aplica en el tema drogas?

–Fijar una política criminal que persigue al adicto por considerarlo el primer eslabón de una cadena ha terminado en que la mayoría de los condenados son consumidores o pequeños comerciantes. El combate contra el narcotráfico es un fracaso. La política criminal contra el narcotráfico es discoordinada, errática. Los organismos de seguridad tiene funciones superpuestas a nivel federal y local. Hay poca exigencia en la etapa de la investigación preliminar. Los datos y estadísticas a veces son omitidos, falseados o no se comparten entre los cuatro actores que intervienen en el problema: fuerzas de seguridad, poder judicial, ministerio público y el sistema de coerción penal. Los datos no son creíbles. Los fiscales desconfían de las fuerzas. Las fuerzas, de los fiscales y de los jueces. Los jueces desconfían de las fuerzas. A su vez cada fuerza desconfía de la otra, y es muy difícil establecer un cuadro de situación cuando a uno le cuesta tanto obtener un dato.

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