El 21 de marzo de 2005 el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, firmó la resolución 19 para crear la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (Ufidro). La medida protocolizaba el convenio que el 28 de febrero de ese año habían firmado Righi y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dos meses después del escándalo de las valijas con sesenta kilos de cocaína que fueron descubiertas en el aeropuerto de Barajas. De común acuerdo nombraron en el cargo a Mónica Cuñarro, titular de la fiscalía en lo criminal 16, vicepresidenta de la Asociación de fiscales nacionales y profesora de Derecho Penal de la UBA.

En la resolución se aclaran las funciones: “Elevar los índices de eficacia” de la Justicia “modificando la selectividad de la programación criminal y falta de respuestas a los casos más graves”. Cuñarro fue nombrada por su experiencia como docente universitaria –fue adjunta del ministro de la Corte Raúl Zaffaroni en la cátedra de Criminología de la UBA– y por su trabajo en 1996 en un mapa de narcotráfico para la Procuración General con el asesoramiento del juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Horacio Catani. Tras elaborar un informe que permanece reservado, de súbito presentó la renuncia. Fue reemplazada por el fiscal federal Alberto Gentili.