Sábado, 14 de abril de 2007 | Hoy
Los estatales que ocuparon anteanoche la Legislatura aceptaron dejar el recinto. Hoy se realizará la asamblea provincial de los docentes de Adosac. Si no hay alguna oferta, las medidas de fuerza se podrían prolongar de 48 a 96 horas.
Por Nora Veiras
La Legislatura de Santa Cruz fue ayer desocupada por los trabajadores estatales que habían impulsado la toma en la noche del jueves. La tregua se logró a partir de la intermediación de la Justicia, pero está lejos de ser la solución del conflicto que desde principios de marzo rompió la rutina de Río Gallegos. La conducción de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) regresó ayer a la provincia sin resultados, después del intento de abrir canales de diálogo en Buenos Aires a través de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Hoy se realizará el congreso del gremio y, a menos que aparezca una propuesta oficial de último momento, las medidas de fuerza se podrían extender a toda la semana escolar.
La intempestiva decisión de ocupar la Legislatura marcó un punto de quiebre en el sondeo de la CTA en la Rosada para encontrar un interlocutor que habilite el diálogo. El titular de la CTA y de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) había conversado el miércoles con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y parecía poder abrirse una hendija en la provincia que controla, de hecho, el propio presidente Néstor Kirchner. La conducción del gremio santacruceño, encabezada por Pedro Muñoz y Eduardo James, se reunió con la CTA y habían ensayado alternativas para abrir una negociación.
En ese escenario, los dirigentes de la CTA nacional quedaron “perplejos” –según sus propias palabras– cuando se enteraron de la toma de la Legislatura, impulsada por la seccional local de la central. “Es cierto que es inconcebible la vigencia de una ley de emergencia económica que, desde el ’93, impide el funcionamiento de las paritarias y también es cierto que es urgente el blanqueo de los sueldos, pero esa toma nos dificultó todo”, se lamentaba un sindicalista. Desde la CTA hubo nuevos llamados al jefe de Gabinete y a los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Educación, Daniel Filmus, pero sin resultados.
En la Rosada primaba el malestar del Presidente por el “desafío” en el pago chico. Y en la provincia se potenciaba ese ánimo. El ministro de Gobierno, Daniel Varizat, calificó a los manifestantes como “un pequeño grupo de vándalos”. “Estamos abiertos al diálogo, nuestros niños pronto volverán a las aulas”, dijo y advirtió que el gobierno “tiene mucha paciencia y siempre prioriza la paz”. Varizat apuntó contra el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Alejandro Garzón, cuando dijo que es quien lidera la protesta, y sostuvo: “Conocemos el modus operandi de esta persona”.
Apenas había aterrizado en el aeropuerto de Río Gallegos, Pedro Muñoz, de Adosac, le aclaró a Página/12 que “los docentes acompañamos la movilización en la calle, pero no participamos de la toma de la Legislatura” y destacó que “estuvimos cuatro días en Buenos Aires buscando algún canal de diálogo y estamos en fojas cero. Hay una única persona que puede hacer algo: el Presidente. Pero parece que es como en la canción de Serrat: ‘Acá hay algo personal’”.
En un día en el que el gabinete nacional casi en pleno cerró la semana en el acto de lanzamiento de Filmus-Heller para la Jefatura de Gobierno porteño, los dirigentes de la CTA esperaban alguna señal que permitiera conjurar una escalada del conflicto en Santa Cruz. Con un salario inicial de 1800 pesos, un básico de apenas 161, un presentismo de 250 pesos y 600 de una suma no remunerativa y no bonificable, el blanqueo de los haberes es uno de los reclamos centrales. Ahora se sumó la devolución de los salarios caídos por los once días de huelga de marzo.
“Esperamos que no se extreme la tensión confiando en que el paro se desgaste. Sería el colmo que se vayan solucionando los conflictos en todas las jurisdicciones (hasta en Neuquén están tanteando una negociación) y sea Santa Cruz la única provincia que siga sin interlocutores sensatos que permitan normalizar la situación”, comentaba entre la queja y la impotencia un dirigente gremial. Los teléfonos están encendidos a la espera de algún mensaje que anuncie que puede haber una oferta. La condición sería la suspensión de las medidas de fuerza.
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