Gerardo Amado es un ingeniero de Luján que fue intendente de su ciudad durante la dictadura, período en el que también actuó como interventor de la universidad. En diciembre de 2005, dos referentes del PJ de Luján publicaron una solicitada poco discreta en un diario local dando cuenta de algunos de esos sucesos. Amado les inició un juicio por calumnias e injurias que recién acaba de terminar. Una jueza de Mercedes entendió que la solicitada tenía términos “hostiles” e “irritantes”, pero aun así desestimó su denuncia y absolvió a los responsables porque privilegió “la libertad de expresión” y la defensa del “derecho a saber” quién hizo qué más allá del “honor” de las personas que tuvieron cargos durante la dictadura.

“Para nosotros el fallo es inédito –explica Marcelo Heredia, el abogado penalista que llevó adelante la batalla legal por la causa–. Uno de los valores del fallo es que reafirma la libertad de expresión como garantía esencial de una comunidad que vive en democracia y tiene derecho a saber, por encima de la mera molestia que esto le puede causar al honor de una persona que, como en este caso, cumplió funciones durante la dictadura.”

Gerardo Amado es un ingeniero muy conocido e influyente de la zona de Luján y alrededores, que comenzó su carrera pública en la época del dictador Juan Carlos Onganía, con un cargo en la Secretaría de Obras Públicas en la comuna. Como referente de un partido vecinalista, ganó una banca de concejal en 1973, y tras el golpe de 1976 volvió a la cartera de Obras Públicas, pasó a la nueva universidad como interventor y luego asumió la jefatura del municipio.

Según los vecinos, pese a estos antecedentes nunca se dio por cumplido: cada tanto vuelve a presentarse en campaña.

En diciembre de 2005, la línea kirchnerista del PJ de Luján publicó una solicitada durísima con los datos de su trayectoria. La solicitada llevó la firma del actual secretario de derechos humanos y del secretario de prensa del distrito, Santiago Lazzarini y Enrique Mestres, respectivamente. El ingeniero les inició una querella a los dos.

A Amado le molestaron algunas sutilezas de la solicitada. Aspectos “valorativos”, según la Justicia, en los que se dijo, por ejemplo, que él fue un “sujeto servil y funcional a cuanta dictadura gobernó el país, acólito de Salaberry (comisionado municipal desde el 25 de mayo de 1976), cómplice de la dictadura genocida, de la que fue funcionario y alcahuete”.

Al margen de otras expresiones tanto o más elocuentes, la jueza María Pardini de Mercedes encontró a lo largo del proceso que concluyó con un juicio oral elementos para acreditar la denuncia. “Más allá de que puedan resultar expresiones ásperas, irritantes u hostiles –dijo–, no son groseras ni denigrantes ni invadieron el ámbito de la vida privada del ofendido.” Las frases, según Pardini, “resultaron acreditadas”.

En las audiencias se probó por ejemplo que “el querellante participó de varios gobiernos antidemocráticos, que estuvo siempre del lado de Pedro Salaberry”. Hubo testigos y documentos que sirvieron para dar fe de sus funciones de secretario de Obras y Servicios Públicos o acreditar que prestó “servios profesionales” a una cervecera mientras era concejal. El fallo recordó un reportaje del 2 de julio de 2005 publicado en El Civismo en el que Amado reconoce que su accionar, como gobierno de facto, “era ilimitado”, además de defender la represión. La jueza explicó además que hay testigos que dieron cuenta de que impidió a los empleados de la Universidad de Luján “relacionarse con quienes quisieran” porque “sería informado”. Entre los testigos estuvo el intendente Miguel Angel Prince.

En los últimos meses, el avance de la causa desactivó aparentemente las ganas de Amado de presentarse nuevamente a una campaña. “El nos querelló porque nosotros le dijimos que era un colaborador –dice Lazzarini–. Lo que yo quiero decir es que este hombre que hace treinta años viene haciendo política en Luján no es un pobre zapatero al que nosotros empezamos a injuriar.” Con el fallo, la secretaría impulsa un pedido a la Universidad de Luján para que retire el cuadro de honor que está al lado del de Emilio Mignone, figura clave en la historia del movimiento de derechos humanos y ex rector de la universidad.