La Cámara Federal confirmó que deberá haber investigaciones separadas por cada una de las 12 constructoras que fueron denunciadas por el juez federal Guillermo Montenegro como derivaciones del caso Skanska. En medio de la causa sobre presuntas coimas en las obras de dos gasoductos, ese magistrado detectó que las empresas sospechadas habrían utilizado facturas truchas en obras públicas por más de 45 millones de pesos. Seis juzgados tendrán que llevar adelante, al menos por ahora, los nuevos expedientes. Algunos no descartan girarlos al fuero penal tributario.

Cuando Montenegro hizo la presentación, casi dos semanas atrás, la Cámara Federal realizó un sorteo y dividió los 12 casos entre seis jueces del fuero que juzga a los funcionarios públicos. Los elegidos rechazaron su competencia y consideraron “prematura” la decisión de Montenegro de separar sus hallazgos sobre las constructoras de la investigación madre. El juez volvió a poner el tema en manos del tribunal de alzada y su presidente, Eduardo Luraschi, saldó ayer la discusión.

Luraschi les recomendó a los jueces –según informaron fuentes judiciales– que avancen con medidas de prueba y que, en función de lo que descubran, determinen con mayor precisión si existe conexidad entre sus expedientes y el de Skanska. Lo hizo al rebotar los planteos de incompetencia de los jueces Sergio Torres y María Servini de Cubría, pero el criterio será aplicable a todos los demás.

Tres de las denuncias están asignadas a dos jueces subrogantes, ambos secretarios judiciales que están concursando por el cargo de juez federal, para lo que necesitan también la aprobación del Senado y del Poder Ejecutivo. A Octavio Aráoz de la Lamadrid le tocó analizar el asunto más sensible: las facturas sospechosas por 20 millones de pesos utilizadas por Gotti Hermanos, una de las grandes adjudicatarias de obras viales y de vivienda de Santa Cruz desde 2002. También recibió los recibos dudosos de Petersen, Thiele & Cruz, otra de las firmas que más obras consiguió en la provincia del presidente Néstor Kirchner. El otro juez suplente, Marcelo Martínez de Giorgi, tiene las facturas de Eleprint SA, por cinco millones. El juez Julián Ercolini, nombrado por concurso durante el actual gobierno, recibió las facturas de una UTE entre Iecsa, Ses y Fontana (300 mil pesos) y las de Emgasud (3 millones). Esta última, que intervino en la construcción del gasoducto patagónico, ya estaba bajo la lupa del fiscal Carlos Stornelli por una denuncia de sobreprecios del diputado de Chubut Carlos Lorenzo (UCR). Ercolini se había declarado incompetente, pero cuando Montenegro le devolvió la causa comenzó a investigar y ya le dio intervención al fiscal Oscar Amirante.

El juez Claudio Bonadío, designado por el menemismo y con pedidos de juicio político en trámite, estudia la autenticidad de los gastos de Marcalba SA. Servini deberá analizar los de Construere Ingeniería, Gancedo SA y Roque Mocciola y Torres revisará las facturas de Nicastro Construcciones y otra unión de empresas.

En definitiva, las doce investigaciones abiertas apuntarán a constatar si las facturas son truchas y si se usaron para ocultar maniobras de –por ejemplo– coimas y sobreprecios en obras públicas, como se presume en la causa Skanska. Pero tampoco descartan que sean sólo asuntos de evasión impositiva: algunos analizan mandar el papelerío al fuero penal tributario.