El presidente de Skanska, Hernán Morano, empezaba el viernes con espíritu de fin de semana largo cuando, cerca del mediodía, le llegó una citación judicial de urgencia. El juez penal tributario Javier López Biscayart quería interrogarlo de inmediato sobre un asunto puntual: una supuesta reunión entre directivos de la multinacional sueca, senadores, una escribana y el titular de la AFIP, Alberto Abad. Al aparente encuentro, que podría tener relación con la maniobra de facturación trucha en las obras de dos gasoductos, se refirió un testigo que declaró bajo identidad reservada.

Morano llegó al juzgado en media hora y declaró como testigo durante diez minutos. La empresa, como versión oficial, dijo que le preguntaron quién había hecho la declaración impositiva en 2006. Pero, según allegados a la causa, el motivo de la imperiosa convocatoria fue la reunión de la que había hablado un testigo secreto que se presentó el mes pasado ante el juez. Morano dijo desconocer el asunto y se escudó en que se hizo cargo de la filial argentina de la compañía el año pasado, después de que estallara el escándalo de las facturas falsas.

El testigo misterioso, describieron fuentes judiciales, no habría dado precisiones sobre quiénes fueron las personas que participaron de la llamativa reunión, excepto Abad. Es más, este testigo sería alguien que escuchó de casualidad una conversación donde se describía esa ronda que, entendió, apuntaba al diseño de una estrategia para darle protección a Skanska. López Biscayart pretende corroborar si la reunión existió y, de ser así, quiénes estuvieron y qué papel tuvieron los legisladores y la AFIP en todo esto.

La investigación sobre el caso Skanska comenzó en 2005, cuando López Biscayart recibió una denuncia de la propia AFIP. El magistrado determinó que la constructora había utilizado comprobantes apócrifos para simular gastos por cerca de 17 millones de pesos en las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Sospechaba que podían combinarse coimas y evasión impositiva. Procesó a una decena de directivos de la firma por evasión y a otros partícipes de la maniobra. Pero la pista sobre los sobornos pasó al juez Guillermo Montenegro por orden de la Cámara en lo Penal Económico.

Por lo pronto, dado que Morano no esclareció nada, es posible que López Biscayart convoque a otros testigos por el mismo tema. Todavía no tendría suficientes elementos para citar como sospechoso a Abad. Hasta ahora, el único funcionario al que venía investigando de cerca era el ex gerente de Nación Fideicomiso Néstor Ulloa, administrador de los fondos para financiar los gasoductos. Aún no lo llamó a indagatoria, pero le prohibió salir del país. Entre las últimas medidas que dispuso, el juez ordenó entrecruzamientos de llamadas.