En un episodio tan llamativo como las interpretaciones que provocó, el secretario de Comercio amenazó ayer por la mañana con “intervenir” la distribuidora Metrogas por haberles interrumpido el servicio a sus clientes industriales para luego, por la tarde, darse por conforme con el cambio de director general de la compañía. Fue otro curioso capítulo de la crisis energética, que podría afrontar una nueva situación límite este fin de semana largo por la ola de frío que se espera en el área metropolitana. El Gobierno busca condicionar el accionar de las empresas sospechando algún grado de boicot de parte de las concesionarias, que buscarían sacar provecho, en la emergencia, forzando una renegociación de las tarifas.

No fue intervención, sólo un amague. Sin embargo, Julio De Vido, quien asume a Guillermo Moreno como si fuera de su propia área –Planificación– y no de Economía, declaró desde Campana, por la tarde, que “la intervención temporal” había sido “levantada” y que la situación de la distribuidora se había “normalizado”. Esto, después de que Metrogas anunciara que Vito Sergio Camporeale, vicepresidente segundo, había sido designado como director general interino en reemplazo de Roberto Brandt, quien solicitó licencia. A diferencia de Brandt, quien ocupaba el cargo por designación del accionista principal, British Gas, Camporeale ocupa un asiento en el Directorio en representación de Repsol YPF, primer accionista minoritario. Esta sola movida fue suficiente para calmar la disconformidad de Comercio Interior.

“No estuvimos conformes con la decisión adoptada ayer (por el jueves) por Metrogas”, al interrumpirles el suministro a industrias con contrato de provisión “en firme”, relató Guillermo Moreno en Casa de Gobierno, con el ministro Daniel Filmus a su lado, en una conferencia de prensa convocada para hablar de los aumentos de cuotas en los colegios privados (ver página 4). Según su propio relato, el secretario concurrió por la mañana a las oficinas de Metrogas en Barracas (Aráoz de Lamadrid al 1300) para pedir explicaciones sobre los cortes del día anterior. “Las respuestas de los gerentes no fueron satisfactorias”, dijo el funcionario ante la prensa.

Nadie, desde las distribuidoras, quiso hacer declaraciones públicas. Pero hubo coincidencias entre diversas fuentes en que, al igual que Metrogas, Gas Natural BAN y Camuzzi Gas Pampeana (ambas en provincia de Buenos Aires) aplicaron el mismo criterio: reducir el suministro a clientes con contrato en firme, pero con “ventana interrumpible” (con facultad de la distribuidora de cortar el servicio una cantidad limitada de días en el año, previo aviso), para hacer una “reserva” ante la mayor demanda que se espera el fin de semana. Este criterio, afirman, había sido consensuado en el Comité de Emergencia, del que participan Enargas y la Secretaría de Energía.

Disconforme con las explicaciones, Moreno informó que había “convocado de urgencia a los accionistas” de Metrogas para analizar si hubo “impericia” en el cumplimiento de sus obligaciones y, por tanto, si correspondía alguna sanción. Indicó que cabía la posibilidad de intervenir la empresa, en el marco de la Ley de Abastecimiento, y llegar hasta el quite de la concesión.

Pero no hubo intervención ni rescisión del contrato. En rigor, tampoco convocatoria a los accionistas, sino apenas una consulta con los dos principales (BG y Repsol). Un par de horas después se conocía el desplazamiento de Brandt y la designación interina de Camporeale. Si ése fue el resultado buscado, tal como se podría deducir de la conformidad expresada a la tarde por De Vido, ¿cuál fue el sentido?

La explicación podría encontrarse en los antecedentes de la relación del Gobierno con los distintos actores del sector. Con British Gas, el vínculo viene dañado desde hace tiempo, a punto tal que hubo un frustrado intento de comprarle su participación en Metrogas por vía de la empresa local Emgasud, respaldada por el fondo de inversión Ashmore. Repsol YPF, en cambio, viene funcionando como un aliado, tal como se verifica en cada crisis con los combustibles en las que, indefectiblemente, la petrolera española termina definiéndose a favor de las necesidades políticas del Gobierno. El cambio de control en el manejo administrativo de Metrogas, en consecuencia, no sería inocuo.

Metrogas no es la única empresa, ni la primera, en la mira. Semanas atrás, desde fuentes oficiales corrió la versión de que se analizaba la rescisión de los contratos de TGN y TGS, las dos transportistas de las que se sospechaba que podrían estar subutilizando la capacidad disponible en los caños. Allegados al Gobierno admiten que la hipótesis de un boicot de las empresas del sector, para forzar a negociar aumentos de tarifas, está siempre presente. Y en cada oportunidad se suman más elementos, agregan.

Pero detrás de las transportistas y las distribuidoras, como accionistas están las petroleras. TGN es Techint (Tecpetrol), TGS es Petrobras. Desde ayer, Metrogas es menos British Gas y más Repsol. Y de los productores de gas se sospecha que no inyectan en gasoducto todo el fluido que podrían. De las transportistas, que no utilizan toda su capacidad. De las distribuidoras, que cortan el suministro cuando no es necesario. Carente de controles preventivos, el Estado está a merced de la discrecionalidad de las empresas y sólo actúa por presión o tejiendo difíciles alianzas. Moreno, que es De Vido, ayer movió otro jugador, en un partido, el de la crisis energética, con una cancha inclinada en contra.