La causa por las responsabilidades políticas de la represión del 20 de diciembre de 2001 cambió de juzgado. El juez federal Claudio Bonadío aceptó la “inhibitoria” de su colega María Servini de Cubría, quien se desprendió del expediente aduciendo que la defensa de algunos imputados estaban ejerciendo sobre ella “violencia moral”. El nuevo magistrado deberá resolver, entre otras medidas, la situación procesal del ex presidente Fernando de la Rúa, quien se encuentra por el momento con “falta de mérito”. Una parte de los querellantes –que representan a las víctimas de aquella jornada represiva con que culminó el gobierno de la Alianza– advirtió que este cambio de manos dilata el proceso, con el consecuente riesgo de la prescripción. Otros evaluaron que es mejor que Bonadío haya aceptado el caso porque hubiera llevado más tiempo si el tema iba a la Cámara Federal.

Bonadío también deberá encarar la elevación a juicio del ex secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, con procesamientos confirmados por cinco homicidios culposos y más de dos centenares de lesiones, entre otros delitos. En la misma situación se encuentran el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi y el ex director general de operaciones de la Federal Norberto Gaudiero, para quienes el fiscal federal Luis Comparatore ya requirió la elevación a juicio. En teoría, esta nueva situación “no causa estado” y, por lo tanto, corresponde que con los elementos existentes en la causa, que ya tiene más de 30 mil fojas (150 cuerpos), el magistrado resuelva las situaciones procesales pendientes, como la de De la Rúa.

En su resolución de una veintena de carillas, Bonadío tuvo algunos párrafos críticos a la labor de su colega Servini, respecto de la participación activa de la magistrada esa jornada, cuando acudió en persona a la plaza en medio de la represión. La defensa de Mathov argumenta que por ese motivo la de Servini no fue una “investigadora imparcial”, y aunque Bonadío da por cierto el protagonismo de la jueza, no considera que sea exculpatorio de la responsabilidad de ninguno de los imputados. De todos modos, el nuevo juez del caso concluyó que “se aprecia la existencia objetiva” del cuadro de “violencia moral insalvable” al que aludió Servini para apartarse voluntariamente de la causa.

“Teniendo en cuenta que van a cumplirse seis años de los hechos, el grave peligro que corremos es que se declare prescripción respecto de varios imputados, y por eso no importa quién tenga la causa, pero sí que hagan lo que hay que hacer: avanzar, tomar indagatorias pendientes y resolver situaciones procesales para poder ir a juicio”, enfatizó ante Página/12 el abogado Rodolfo Yanzón, quien se había opuesto a la inhibitoria de Servini por considerarla “poco seria”. “Si es Bonadío el juez, le pido máxima celeridad y que se terminen los jueguitos”, agregó. Gastón Chillier, del CELS, quien coincidió en que “si hay defensas habilidosas y jueces dispuestos a hacer ese juego dilatorio puede venir la prescripción, como ocurrió en el caso Bulacio, de modo que si esto es una maniobra poco clara vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en esta causa, una de las más graves que tiene la Justicia sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia”. Por su parte, María del Carmen Verdú, de Correpi, opinó que “el juzgado es lo de menos”, porque “está claro que no se necesita un juicio oral para ratificar que el Estado mató a 37 personas”. Para esta letrada, todo hubiera demorado más si Bonadío rechazaba la inhibitoria y el caso pasaba a estudio de la Cámara.