“Si el Gobierno quiere pedir una opinión consultiva ante la Corte Interamericana, que lo haga. Es bueno que la sociedad debata”, dijo, con un toque de ironía, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El comentario fue su respuesta ante una jugada que el Poder Ejecutivo planea, tal como anticipó Página/12, frente la posibilidad de que los jueces supremos fallen a favor de que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti asuma como diputado, con los mismos argumentos que usaron en el caso Bussi. El expediente sobre la situación del ex intendente de Escobar está desde hace dos semanas en el alto tribunal y, según voceros calificados, la intención es resolverlo antes de fin de año, un dato no menor teniendo en cuenta que el mandato está vigente. La opción que analizan en la Casa Rosada es anticiparse y llevar el tema al plano internacional.

“Hay que aclarar algo: acá no hay un problema de derechos humanos en discusión. Es más, la política de derechos humanos está muy clara en la Corte Suprema. Lo que se señaló en el fallo Bussi es un tema de facultades del Congreso y soberanía popular”, le dijo Lorenzetti a este diario. Luego precisó: “Si el Congreso puede impedir la entrada de un legislador electo, estamos frente a una decisión confusa de una mayoría circunstancial. No está en juego el pasado, sino el futuro. Esto lo hemos dicho en la resolución”, sostuvo. Aludía a la necesidad de proteger a las minorías, cualquiera sea.

La Corte, en efecto, sentenció el mes pasado que el Parlamento no está facultado para bloquear la jura de un legislador una vez que fue elegido por el voto popular, a menos que exista una condena en su contra. Lo hizo en una causa en la que se discutía el acceso a una banca del represor Antonio Domingo Bussi, cuestionado por su participación en delitos de lesa humanidad. El tribunal dijo que este caso puntual era abstracto, porque el mandato en juego estaba vencido. De todos modos, la preocupación del oficialismo no es el dictador tucumano sino que el contenido del fallo tenga efecto favorable a Patti, que reclama un puesto de diputado que le negó la Cámara baja y que caduca recién en 2009.

El diploma del ex subcomisario fue rechazado por los diputados el año pasado, con impulso del kirchnerismo. Aquella decisión fue el corolario de una investigación de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que mostraba su responsabilidad en secuestros y desapariciones durante la última dictadura militar, por los que aún no fue condenado debido a la vigencia durante casi veinte años de las leyes de punto final y obediencia debida.

El reclamo de Patti llegó a la Corte un día antes de que empezara la feria judicial con un dictamen del procurador fiscal adjunto Luis González Warcalde, que le proponía a los supremos repetir el razonamiento que aplicaron en la causa Bussi. En el máximo tribunal se atajan y aseguran que no tiene que haber necesariamente una analogía entre ambos asuntos. “Estamos sumergidos en el análisis”, corean. Es evidente que no van a desdecirse de lo que acaban de sentenciar, aunque algunas voces no descartan algún giro novedoso.

La posibilidad de presentarse en la Corte Interamericana comenzó a ser analizada entre legisladores y funcionarios unos días antes de las vacaciones de invierno. La intención no es pedirle un fallo sino una opinión consultiva, una posibilidad que existe cuando hay discusión sobre la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina suscribe.

–¿Estamos frente a un conflicto de poderes? –le preguntó este diario a Lorenzetti.

–Nosotros no buscamos un conflicto, que tampoco veo que exista. Es un tema complejo y está bien discutirlo. Sobre el tema Patti no puedo hablar porque está en trámite. Sólo puedo decir que no es inminente.

–¿Qué efecto puede tener un pronunciamiento de la Corte Interamericana?

–Si esa Corte dicta una sentencia para nosotros es de cumplimiento obligatorio. Si es sólo una opinión, no es obligatoria.

El borrador redactado en la Secretaría de Derechos Humanos que propone al Ejecutivo presentarse en el tribunal internacional, está ahora en manos del secretario legal y técnico Carlos Zannini. Advierte que según disposiciones de la Comisión y la Corte Interamericana es responsabilidad del Estado evitar que alguien asuma un cargo público o electivo cuando existan “motivos fundados” que muestran su participación en “serias violaciones a los derechos humanos”. Incluso recuerda disposiciones de la ONU que le aconsejan al Estado argentino evitar el acceso de represores a cargos públicos o electivos.

En el máximo tribunal reconocen, en voz baja, que la disputa de poderes está latente y haría eclosión si Patti saliera victorioso. Un primer conflicto se plantearía con quien ocupa la banca ahora, Dante Camaño. Otro, si tal como vienen amagando la mayoría de Diputados se resiste, con respaldo oficial, a tomarle juramento.