Después del choque del Gobierno con la Sociedad Rural, Néstor Kirchner decidió estar presente en el evento más importante del año de la Unión Industrial Argentina. Las autoridades de la central fabril recibieron la confirmación de que el Presidente será el principal orador en el acto por el Día de la Industria, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en Parque Norte. También participará el ministro de Economía, Miguel Peirano, quien trabajó en la entidad hasta 2003, y otros miembros del gabinete. La asistencia de los funcionarios, y en especial de Kirchner, es un gesto que pone en evidencia la buena sintonía del Ejecutivo con el sector industrial y remarca el contraste con la gélida relación con las entidades del campo en general y con la Sociedad Rural en particular.

Los industriales celebraron ayer la noticia en la reunión de su Comité Ejecutivo. Los más optimistas manifestaron su esperanza de que ese día el Presidente formule algún anuncio de fomento para el sector. El Día de la Industria es el 2 de septiembre, pero como este año cae en domingo, la celebración se pasó para el 6, tomando en cuenta la agenda de Kirchner. Las mayores expectativas en la UIA están puestas en que el Gobierno avance en los próximos meses con un proyecto de banca de desarrollo. Peirano trabaja en esa dirección. Considera que generar un esquema de financiamiento accesible a largo plazo es un elemento clave para multiplicar la inversión.

La central fabril y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) diseñan una propuesta técnica para acercarle al Gobierno, con el asesoramiento del economista –y director de Enarsa– Aldo Ferrer. Toman como referencia los modelos brasileño y chileno. En el primero, el Estado tiene mayor participación a través del Banco Nacional de Desarrollo, mientras que en el país trasandino existe una complementación entre el sector público y la banca privada. La iniciativa de la UIA y Adeba contempla la creación de una oficina de inversión, conducida por el Gobierno, pero pensada como un espacio de coordinación con la banca privada. Desde allí se fijarían líneas de financiamiento específicas para cada sector productivo, mientras que las carpetas con las solicitudes de los créditos serían tramitadas por una red de bancos públicos y privados.

A futuro, los industriales aspiran a la creación de un banco de desarrollo o la transformación del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para desempeñar ese rol. Peirano impulsa un mecanismo de financiación a largo plazo pensando en la inflación. El apoyo crediticio facilitaría proyectos de inversión que eleven la capacidad productiva. Es una forma de aumentar la oferta, para hacer frente al importante aumento del consumo.

La UIA se monta en ese argumento para presionar en favor de la desgravación impositiva de las empresas que reinviertan ganancias. Sería un estímulo a la inversión y marcaría diferencias entre las compañías que distribuyan utilidades y aquellas que las vuelquen a profundizar su desarrollo, postulan. Ese tipo de iniciativas, sin embargo, fueron rechazadas por el Gobierno en el pasado por su impacto fiscal y, sobre todo, por el riesgo de generar un espacio a grandes maniobras de elusión y evasión impositiva. Los industriales le buscan una solución que pasa por la creación de un bono fiscal que certifique la realización de las inversiones.

La central fabril quiere aprovechar el momento de mayor acercamiento al Gobierno para conseguir respaldo a sus propuestas. Una de ellas plantea una reducción de los aportes patronales a la seguridad social para las pymes de hasta cinco empleados, utilizando los fondos disponibles del programa de amortización acelerada de bienes de capital. Es un proyecto polémico, porque abre una puerta a una caída permanente de aportes a la Anses, tal como ocurrió en los noventa a instancias de Domingo Cavallo.

Otro reclamo de los empresarios es la sanción de una nueva ley de riesgos del trabajo. Es poco probable que ocurra antes de octubre, mientras que la Cámara de Diputados avanza en un proyecto en sentido contrario, para aumentar los topes indemnizatorios en caso de accidente.