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Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba

El Concejo Deliberante cordobés se enfrentará en los próximos meses a la comprometida tarea de decidir si somete a juicio político a Germán Kammerath por su gestión al frente de la Municipalidad. La concejal socialista Laura Sesma presentó la iniciativa bajo el cargo de mal desempeño de sus funciones. Según la legisladora, el ex funcionario menemista “actuó en la ilegalidad” prácticamente desde su inicio como intendente de la ciudad. La interna del justicialismo cordobés podría hacer prosperar la denuncia, pese a que José Manuel de la Sota parece seguir obstinado en apuntalar a su socio político.
La falta de la mayoría de los servicios básicos y la precaria prestación de otros están a punto de convertir a Córdoba en un caos, que sumado al conflicto gremial que la Municipalidad mantiene con el gremio de empleados, hacen cada vez más frecuentes los cacerolazos que piden la renuncia del intendente. En menos de un mes se produjeron dos masivas manifestaciones que terminaron en violencia y represión en pleno centro de la ciudad.
Ayer, y después de algunos amagues de la oposición radical, la representante del Partido Socialista Popular en el Concejo Deliberante pidió el juicio político del intendente por mal desempeño de su cargo. La enumeración de acusaciones es contundente:
u “En dos años (Kammerath) ha incrementado la deuda pública en más de un 400 por ciento”. Era de 51.433 millones de pesos en diciembre del ‘99 y se convirtió en 206.300 millones según los datos de octubre de 2001.
u “Incrementó ilegalmente la planta política y el gasto en personal” en casi 22 millones anuales.
Por estos días, en Córdoba no hay mantenimiento de la red de semáforos, del alumbrado ni de las cloacas. El transporte funciona precariamente y ya se suspendió varias veces la recolección de basura por falta de pago a la firmas concesionarias. Veinte dispensarios y dos hospitales están tomados por el personal que reclama insumos mínimos y medicamentos para poder trabajar.
Cuando vuelva a funcionar, en marzo próximo, el Concejo deberá decidir si los cargos tienen entidad para abrir el proceso contra Kammerath. De realizarse, el juicio se debe realizar en 30 días, en los que se decide sobre la destitución del intendente y finalmente se somete el fallo a un referéndum popular. El oficialismo no tiene los dos tercios necesarios en el Concejo pero sí la mayoría, además de una fuerte interna puertas adentro del bloque. Fuentes del justicialismo dejaron trascender que “sería una buena oportunidad para retomar las riendas de la Municipalidad, que no volveremos a tener si Kammerath sigue con esta vergonzosa gestión”. Hasta ahora, el apoyo del gobernador De la Sota hacia el intendente parece incondicional, al punto que aceptó la renuncia de los funcionarios de su riñón que se pelearon con él. Algunos encuentran la explicación en la bendición menemista con la que cuenta el liberal desde sus años en La Rioja. Todavía hay cosas en común.