La última jugada del PRO para frenar el tratamiento del proyecto de aborto no punible en la Cámara de Diputados generó con el correr de las horas el efecto inverso. En vez de dilatar el debate y sembrar dudas entre los legisladores promovió la suma de más votos favorables. Diputados del kirchnerismo, el radicalismo y el ARI estarían dispuestos a aprobar la iniciativa que se encuentra varada desde hace meses en la Comisión de Legislación Penal. De todas formas, el ingreso del proyecto al recinto se aplazaría para después de las elecciones presidenciales.

Aunque ningún asesor pudo dar precisiones en cuanto a la fecha de tratamiento, la mayoría descontó que en un corto plazo, no mayor a los 15 días, el proyecto logre su segundo dictamen, lo que habilita su entrada a recinto. “No se puede demorar mucho la aprobación de un proyecto que viene a reglamentar lo que la ley ya posibilita y que garantiza a la mujer el ejercicio de su derecho a la salud y a la vida”, sostuvo Perla Prigoshin, asesora de la diputada Juliana Marino, autora de una de las dos iniciativas que fueron unificadas en un solo texto en la Comisión de Salud, donde obtuvo su primer dictamen favorable.

La reunión de comisión realizada el lunes pasado habría suplido las dudas de algunos asesores y reafirmado la postura de otros como, por ejemplo, a los asesores del diputado del ARI Emilio García Méndez. El legislador adelantó a Página/12 su voluntad de votar a favor de la reglamentación. También tendría el voto positivo de los legisladores radicales y kirchneristas, entre ellos, de Diana Conti, quien fue cofirmante de la iniciativa elaborada por Marino, y de la presidenta de la Comisión Penal, Rosario Romero.

En ese contexto de consenso asegurado, el PRO no tendría chances de impedir su aprobación, por lo menos, en la Comisión Penal donde sólo tiene dos representantes: Nora Ginzburg y Eugenio Burzaco. Sus asesores fueron los que solicitaron una reunión con especialistas para aclarar “dudas técnicas” sobre los proyectos. En esa ocasión, los juristas Andrés Gil Domínguez y Lucila Larrandart fueron los encargados de defender las iniciativas de reglamentacióm de los ataques de los dos juristas invitados por el PRO que se presentaron al debate como “los defensores de la vida del niño por nacer”.

Los proyectos en polémica fueron presentados a principios de año por las diputadas Juliana Marino, del Frente para la Victoria, y Silvia Augsburger, del socialismo. Ambas iniciativas nacieron con el objetivo de poner fin a los incontables casos de judicialización de pedidos de aborto contemplados por el artículo 86 del Código Penal argentino. Las propuestas reglamentan el alcance del artículo al definir que el aborto no es punible en tres casos: cuando el feto es inviable, cuando la mujer realice un tratamiento médico incompatible con la continuidad de la gestación y cuando el embarazo fuera producto de una violación, sin hacer distinción si la mujer tiene o no discapacidad. En estos tres casos, la mujer no requeriría de una autorización judicial para que le practiquen la operación.

El último punto es la base de una las principales objeciones del bloque PRO y sus partidos aliados de derecha. Aunque en la práctica terminan judicializados, el Código ampara los pedidos de aborto en caso de violación sólo para las mujeres que sufren “demencia” o son “idiotas”. El proyecto de reglamentación brinda la posibilidad de pedir la intervención a cualquier mujer, bajo la definición de aborto terapéutico. El trauma que significa proseguir con un embarazo gestado en condiciones violentas justifica la solicitud, según las legisladoras. Para los diputados del PRO se trata de una ampliación del Código Penal.

Desde el mismo momento que ingresaron a la Cámara baja, los diputados que respondan a Mauricio Macri, al gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, y al partido del ex represor Antonio Bussi iniciaron una campaña para impedir el tratamiento de los proyectos. La primera jugada fue presentar dos iniciativas. Uno para brindar un subsidio a las mujeres para que no aborten los fetos gestados como consecuencia de una violación. Otro propone una modificación del Código Penal que restringe el aborto no punible en los casos de fetos inviables. Esta primera maniobra no logró impedir que los proyectos consiguieran el dictamen favorable de la Comisión de Salud.

Pese al optimismo que existe en torno de la pronta aprobación del proyecto en comisión, sus principales promotores saben que su ingreso a recinto será aplazado hasta después de las elecciones de octubre. “Aunque es un tema complicado y sensible, seguro que sale antes de fin de año”, vaticinó un asesor kirchnerista. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación avanza en la elaboración de un protocolo de reglamentación de abortos no punibles que garantizará la ejecución de los pedidos y brindará seguridad a los médicos que tienen temor a recibir denuncias.

Informe: Elisabet Contrera.