La Suprema Corte de Justicia bonaerense no resolvería hoy la legalidad de la candidatura de Francisco de Narváez, con lo que habría una reunión del máximo tribunal este fin de semana para tomar una decisión. Lo mismo sucede con la impugnación al candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Todo hace pensar que los magistrados fallarían en los primeros días de la semana próxima. Los expertos en materia electoral consideran que los jueces de la Corte bonaerense podrían provocar una situación de máximo caos, al punto de que se afectarían hasta los comicios presidenciales. Entre Scioli y De Narváez reúnen casi el 70 por ciento de la intención de voto a gobernador y desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) afirman que, hoy por hoy, no hay tiempo de cambiar las candidaturas ni las boletas.

Una fuente allegada a la CNE, el máximo órgano judicial en materia electoral, le contó a Página/12 que las urnas, con las boletas impresas adentro, ya están armadas. Es decir que hay un galpón en el que están depositadas las urnas, con rollos de boletas impresas de cada partido o alianza, y listas para ser enviadas a todos los rincones del país –entre ellos obviamente la provincia de Buenos Aires– para que el domingo de las elecciones se distribuyan en los lugares de votación. Es más, hay un par de distritos, como Tierra del Fuego y Salta, en que las imprentas no dan abasto y están trabajando 24 horas para terminar con la impresión de las boletas.

Si la Suprema Corte Bonaerense (CSB) ilegaliza las candidaturas de Scioli o De Narváez, no es que el postulante a vicegobernador pasa a ser candidato a gobernador. Lo que se ilegaliza es la fórmula completa. Si Scioli no es candidato, tampoco lo es Alberto Balestrini y si cae la postulación de De Narváez, cae igualmente la de Jorge Macri, porque lo que se presentan son fórmulas, no candidaturas individuales. En ese caso deja de estar oficializada la boleta del Frente para la Victoria o la de Unión PRO, al menos en la parte que tiene que ver con las candidaturas a gobernador y vice. “Ese tramo de la boleta, como mínimo, pasa a ser un cuerpo extraño porque no está oficializado, y el voto a gobernador y vice es nulo”, explicó a este diario un camarista. El caos podría ser todavía mayor porque los fiscales de los demás partidos argumentarán que toda la boleta es nula y tratarán de que se impugne la totalidad del voto al Frente para la Victoria, incluyendo el voto presidencial a Cristina Kirchner, y todo el voto a Unión PRO, la alianza de De Narváez.

Ese cuadro de situación parece descabellado, pero los expertos en materia electoral consultados por Página/12 afirman que no pueden creer que suceda, aunque tampoco lo descartan. Los jueces habrían pasado a jugar un papel decisivo e inédito en un proceso electoral.

A De Narváez se le cuestiona no haber nacido en la Argentina ni ser de padres argentinos –nació en Colombia–, mientras que la objeción a Scioli es que no ejerció como ciudadano bonaerense, sino que vivió en territorio provincial durante doce años, pero siendo menor.

Los apoderados de De Narváez presentarán hoy un escrito ante la Corte bonaerense enumerando los argumentos por los cuales la candidatura del postulante de Unión-Pro debe ser legalizada. El texto llevará la firma de los apoderados pero también la del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Hernán Rodolfo Gómez, y el constitucionalista Carlos Rosenkranz. Si es entregado antes de las 11, el máximo tribunal podría tratarlo en la reunión prevista para hoy. De lo contrario, recién habría un nuevo encuentro de jueces mañana o el domingo. Como se sabe, cuatro magistrados de la Corte revieron el miércoles un criterio sostenido por ese tribunal desde hace más de dos décadas: que las resoluciones de la Junta Electoral Bonaerense no son apelables. La Junta aprobó tanto la candidatura de Scioli como la de De Narváez. Hace sólo dos años, en 2005, los jueces de la Corte votaron en contra de un recurso presentado para rever una decisión de la Junta. Los cuatro magistrados que ahora cambiaron de posición y decidieron evaluar la candidatura de De Narváez y, tras cartón, la de Scioli, fueron Santiago De Lá-zzari, Carlos Hitters, Eduardo Pe-ttigiani y Carlos Natiello. A los cuatro se los vincula con el duhaldismo. De Narváez acusó ayer a Roberto Lavagna de impulsar el proceso de proscripción y varios de sus allegados apuntan con el dedo al candidato a gobernador de Lavagna, Jorge Sarghini, y a su primer postulante a diputado, Eduardo Camaño, dos hombres estrechamente vinculados con Eduardo Duhalde. Los tres jueces que mantuvieron el criterio tradicional y sostienen que no se pueden cambiar las reglas del juego diez días antes de las elecciones son Héctor Negri, Hilda Kogan y Federico Domínguez.

En los pasillos de los tribunales platenses hay diagnósticos encontrados. Buena parte de los especialistas afirman que los magistrados no provocarán una situación imprevisible y terminarán aprobando las candidaturas. Sin embargo, no faltan quienes creen que cualquier cosa podría suceder y que los cuatro magistrados apuestan muy fuerte.

Si las candidaturas de De Narváez o Scioli son ilegalizadas, existe la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de la Nación, que ya tiene antecedentes de haber sostenido en un fallo que no existe la ciudadanía provincial, sino únicamente la argentina, por lo cual los candidatos no podrían ser objetados por no ser ciudadanos bonaerenses. Eso favorecería a De Narváez y Scioli.

El problema es que un recurso ante la Corte Suprema de la Nación tiene que ser primero presentado ante el máximo tribunal bonaerense. Si éste acepta darle curso a la apelación, las candidaturas podrían mantener su legalidad en forma provisoria, aunque resulta extraño que se elija una fórmula que después corre el riesgo de ser ilegalizada por la Corte nacional. Por el contrario, si el máximo tribunal bonaerense rechaza la apelación a la Corte nacional, las candidaturas de De Narváez y Scioli serían nulas al momento de las elecciones, provocando un verdadero caos y una situación que, incluso, podría llevar a la postergación de los comicios.