La dictadura asesinó a cinco curas palotinos, pero la única persona que recibió una condena por los crímenes es el periodista que lo contó. En 2001 la condena contra Eduardo Kimel sacudió a la opinión pública. Ahora, esa decisión puede empezar a revertirse: el Estado argentino asumió ayer por primera vez en un documento la responsabilidad por la condena. Funcionarios de Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos asumieron ese lugar en nombre del Estado en el marco de la primera audiencia sobre el tema que llevó adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Bogotá. Kimel habló durante una hora y media en ese contexto. “Para mí –dijo después–, la audiencia fue extraordinariamente positiva.”

El acuerdo que quedó suscripto en Bogotá entre Kimel, sus representantes y los funcionarios argentinos señala que el Estado “asume (la) responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8.1 (derecho a contar con un plazo razonable) y 13 (libertad de expresión) de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Según los especialistas, los alcances del acuerdo son importantes pero todavía insuficientes para responder al volumen de los reclamos. Argentina aceptó en el compromiso su responsabilidad penal y también económica en el resarcimiento por los padecimientos laborales y personales que vivió el periodista en estos años. “Sin embargo, los funcionarios no se comprometieron a reformar las leyes que siguen siendo usadas para la persecución de los periodistas y cuya modificación es una demanda central de los peticionarios”, explicaron en este caso desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), querellantes de la causa.

Kimel publicó La Masacre de San Patricio, en 1990, con la investigación del asesinato de los cinco religiosos integrantes de la comunidad palotina del barrio porteño de Belgrano R., del 4 de julio de 1976. Entre 1976 y 1977 la investigación del crimen estuvo en manos del juez Guillermo Rivarola, quien querelló al periodista luego de la aparición del libro. Según su interpretación, entendió que un párrafo con información sobre su actuación constituyó una “calumnia”. Tras el proceso judicial que duró nueve años, Kimel recibió una condena a un año de prisión en suspenso y el pago de una indemnización de 20.000 pesos. El CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) siguieron con los reclamos judiciales fuera del país, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2001, y ahora en la Corte.

En la audiencia de ayer, Kimel habló ante los jueces sobre su investigación, pero también sobre los palotinos en el contexto específico de la dictadura y sobre el rol de la Iglesia Católica y los militares. Ante preguntas específicas de los jueces, él continuó hablando y se extendió más de lo acostumbrado.

“Me preguntaron qué pensaba yo del porqué de la masacre y yo les dije que podía darles mi interpretación, pero que para saberlo la Justicia tiene que juzgar y condenar a los responsables”, dijo él a este diario.

En la audiencia también hablaron Pochat y un representante del CIDH. El resto de los testigos quedaron en suspenso cuando se supo que Argentina iba a firmar el acuerdo.

“El Estado argentino no va a pronunciarse en contra de nuestro reclamo –dijeron ayer–, acepta su responsabilidad, pero ahora hay que entender cómo lo hará”, explicó Kimel.

La demanda contra el Estado argentino es por presunta violación de derechos consagrados en la Convención Americana que preserva el derecho a la libertad de expresión. Argentina hasta ahora dijo que acepta su responsabilidad, pero jurídicamente no se sabe cómo se implementará, porque hasta ahora no hay vías habilitadas para invalidar una condena de la Corte. En ese sentido, los querellantes esperan que luego de analizar la necesidad de adecuar la legislación argentina en materia de calumnias e injurias a los estándares de la Convención Americana promueva un pedido para exigir la despenalización de la ley.

Se cree que, como sucedió con la figura del “desacato”, anulada por el Congreso en 1993, luego de un acuerdo de solución amistosa entre el Estado y Horacio Verbitsky, el impacto del acuerdo puede tener efecto cascada en toda Latinoamérica, donde este tipo de leyes todavía actúan como forma de coerción.

“La Corte pondera y valora la actitud positiva de las partes para llegar a esta solución amistosa”, afirmó el presidente de la Corte, el mexicano Sergio García Ramírez, quien la calificó como “una contribución” al respeto de los derechos humanos en los países que integran la OEA.

Por su lado, Kimel sintió en esa audiencia una responsabilidad histórica. Explicó que el expediente de Rivarola “contiene una serie de elementos contundentes para poder llegar a la verdad, que lamentablemente no sirvieron para que la Justicia argentina detectara quiénes fueron los asesinos y sus instigadores”. Y añadió que investigó el asesinato de los palotinos por su compromiso con los derechos humanos y la verdad.