El proceso de verdad y justicia que se desarrolla en los tribunales de todo el país salda una cuenta pendiente de la democracia argentina. Las víctimas de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y la sociedad que clama por poner fin a la impunidad son los destinatarios de dicho proceso, pero también las instituciones del Estado, que salen fortalecidas en la aplicación de la ley y la reafirmación del respeto de los derechos humanos.

Ayer comenzó el primer juicio oral y público de los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. Llama la atención lo acotado de este proceso penal, teniendo en consideración la cantidad de hechos, víctimas y represores que se vinculan con la represión en ese centro clandestino de detención, mencionado usualmente como el más grande que funcionó en el país.

Lo llamativo es que se haya decidido desmembrar el expediente judicial, elevando a juicio separadamente esta pequeña porción de los hechos, que involucra a cuatro damnificados y sólo a un represor. Luego del desarrollo de este proceso sólo se habrá tratado judicialmente una ínfima proporción de la totalidad de víctimas de tortura y desaparición de ese centro clandestino y sólo un acusado, que no pertenece al arma que dirigía el centro, que tenía bajo rango en la escala de la fuerza de seguridad que representaba y que además tenía bajo poder de decisión en el esquema represivo de la Escuela de Mecánica de la Armada. Lo dicho no implica que el acusado Febres haya tenido una participación menor en los crímenes, que su actuación haya sido poco cruel, ni que su juzgamiento no sea trascendente.

El proceso de verdad y justicia en nuestro país se ha retrasado más de lo deseado y de lo recomendable. Las consecuencias de este retraso son evidentes. Desde la desaparición de Jorge Julio López se ha advertido sobre la necesidad de dar protección a querellantes, testigos, abogados y funcionarios judiciales que a diario se ven expuestos a amenazas o amedrentamientos. El desmembramiento de los juicios aumenta el riesgo y la exposición.

Estas consideraciones son importantes, como es también fundamental el avance de los procesos y que la Justicia encuentre una dinámica adecuada que, sin debilitar el contenido de los expedientes y las pruebas, permita hacer eficiente el uso de los recursos y avanzar a un paso más veloz.

* Abogada. Ex secretaria de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires.