El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, compañero de promoción y amigo de Ramón Camps y prófugo de la Justicia por delitos de lesa humanidad cometidos cuando era jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Bahía Blanca, controla en las sombras una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno. Nueve meses antes se había sancionado la Ley 12.297 que regula el negocio de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires e inhabilita a poseer o integrar las empresas a represores indultados o impunes por las leyes de impunidad. Alvarez se benefició con la Obediencia Debida, pero su caso nunca fue detectado. La Ley 1913 de la Ciudad de Buenos Aires es aún más generosa: sólo excluye a indultados y condenados. Las agencias fiscalizadoras no sólo carecen de mecanismos para detectar testaferros. Ante un pedido formal de Página/12, la Dirección General de Seguridad Privada (Dgspr) de la Ciudad respondió que la sociedad civil sólo puede conocer nombres de empresas y saber si están habilitadas, pero no quiénes son sus dueños. Mientras cientos de genocidas no han sido identificados, el Estado no dispone de una ley nacional que controle al millar de ejércitos privados que les da trabajo.

Las normas que regulan el funcionamiento de la seguridad privada excluyen al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad y organismos de inteligencia. Ello explica por qué la mitad de los agentes que emplean los 850 empresas registradas en la provincia cobran en negro y no están inscriptos como exige la ley. El dato lo difundió el Ministerio de Seguridad hace un mes, cuando intervino la Dirección Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada en respuesta al aumento de robos a personas que por propia voluntad se encierran en barrios privados. La cantidad de agentes registrados en la provincia llega a 45 mil hombres, apenas 6 mil menos que la Policía Bonaerense. En los partidos de alta concentración de vecinos enrejados como Pilar la cantidad de agentes supera 13 veces a la de policías. La ciudad de Buenos Aires es la segunda jurisdicción con mayor desarrollo. Según la Dgspr existen 435 agencias habilitadas, con 23.966 empleados.

Ninguna ley nacional impide que ex miembros de grupos de tareas de la guerra sucia tengan ejército propio, con uniforme y escudo, al servicio de quien esté dispuesto a contratarlo. Sólo el decreto 1002/99, con el que se buscó crear una instancia federal de control dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior que nunca llegó a concretarse, permite que el Archivo Nacional de la Memoria objete a los candidatos a poseer o integrar las agencias. Pero su opinión no es vinculante para las direcciones fiscalizadoras.

Hace dos años, al cuestionar a la Dgspr por habilitar a ex policías y penitenciarios que se negaban a informar sus destinos durante la dictadura, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad le notificó a su titular que la Ley 1913 “no asegura que los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado sean excluidos de prestar estos servicios”. Agregó que la seguridad privada es “una actividad de interés público que desarrollan particulares”, es “complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública” y consideró “de vital trascendencia para toda la sociedad la forma en que dicha actividad debe desarrollarse”. La respuesta fue contundente: la subsecretaría dejó de ser consultada.

Policía particular

Alsina SRL nació en 1948 bajo el nombre de “Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares”, según explica en su sitio. En 1958 hizo sus primeros servicios de vigilancia y seguridad. El año del golpe de Estado, 1976, la empresa “decide ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires”. Alvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia.

Como garantía de eficiencia, Alsina SRL informa que su personal es “retirado de las Fuerzas Armadas o fuerzas de seguridad” y cuenta con “armas de puño y armas largas”. Presta servicios de protección física, vigilancia, implementa “acciones preventivas en forma sistemática” y tiene una central de operaciones comunicada con cada uno de “nuestros objetivos” las 24 horas. Entre sus servicios adicionales ofrece “investigaciones y seguimientos” para “determinar los responsables de acciones cometidas en perjuicio de particulares, empresas y organizaciones de distinto tipo”. Su casa central funciona en Alsina 909, piso 3. Su sucursal bonaerense en Hipólito Yrigoyen 1526, Florida, Vicente López.

Alvarez renunció a su cargo de gerente en 1998, una década después de obtener su impunidad gracias a la ley de Obediencia Debida. En marzo de 2000, ante la posibilidad de que la agencia fiscalizadora lo descubriera, le cedió a su yerno Rubén Héctor Burgos sus 12 mil cuotas parte, el equivalente a dos tercios del capital de la empresa. Como socio con el otro tercio asumió Juan Balanesco, un principal dado de baja de la Policía Federal. En 2002, Burgos le cedió la mitad de sus acciones a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti.

A fines de 2005 se reabrió la causa por los crímenes en La Escuelita bahiense, que funcionaba a 200 metros de la oficina de Alvarez. El 8 de mayo pasado, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención. Cuando fueron a buscarlo a su departamento de Virrey del Pino 1875, ya no estaba. El 15 de junio, el juez pidió su captura. El 19 de julio, cuando el coronel llevaba un mes prófugo, su esposa volvió a cederle las acciones y el cargo de gerente al marido de su hija.

Alvarez y Burgos también son vecinos en Laguna del Sol, un barrio cerrado de General Pacheco que cuenta con una laguna de agua transparente de ocho hectáreas para pescar y practicar deportes náuticos, 750 lotes de mil metros cuadrados y “un servicio de seguridad privada las 24 horas que les permitirá vivir con la tranquilidad necesaria que usted y su familia merecen”. Ambos tienen domicilio en Coronel Encalada al 1200: el militar en el lote 229; su hija y su yerno, en el 19. Cuando la policía lo buscó allí, Elizabeth María Alvarez Icazatti explicó que sus padres se habían esfumado.

En la administración del country responden que “no hay ningún Alvarez registrado”. Allegados a la familia aseguran que, cuando dejó el barrio cerrado, el coronel se siguió reuniendo con Burgos y Balanesco, y que su último refugio fue en Picaflores 75 de Pinamar. Esa casa figura en la guía a nombre de su esposa y –según la mujer que atiende el teléfono– está alquilada por la temporada. Cuando este cronista tocó el portero eléctrico de Alsina SRL le respondieron que Balanesco estaba de licencia y Burgos había salido. El yerno del coronel no respondió los mensajes de Página/12 que recibió en la empresa y en su casa.

Otras joyas

El caso de Alvarez es el primero que se conoce sobre un responsable de delitos de lesa humanidad prófugo con ejército propio. Pero nada sugiere que sea el único. Los ex represores o civiles vinculados con el terrorismo de Estado dueños de empresas de seguridad son más bien regla que excepción:

- El teniente coronel Héctor Schwab, subordinado de Antonio Bussi en la Brigada de Infantería V de Tucumán, fundó en 1998 la agencia Scanner SA. Allí acogió a la apologista del genocidio Cecilia Pando, quien junto con su hija María Pía fue cara visible de una autodenominada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. En 2003, Schwab estuvo preso por orden del juez español Baltasar Garzón. En 2006 fue procesado por hostilizar a empleados tercerizados de Movicom y Telefónica. En Tucumán está acusado por un secuestro extorsivo y por la desaparición de un subordinado.

- El coronel (R) Jorge Luis Toccalino, detenido desde septiembre por la Justicia federal de Necochea por secuestros y torturas en esa ciudad, además de tener empresa propia preside la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e integra el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.

- Félix Alejandro Alais, acusado de haber integrado la Triple A de Bahía Blanca cuando era subcomisario de la Policía Federal, figuró hasta 2004 como socio de Fast Cooperativa de Trabajo Limitada. En 1976 torturó a profesores de la Universidad Nacional del Sur detenidos en el marco de una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista”. En 2004, Fast ganó una licitación en el rectorado de la UBA. Un gremialista lo escuchó presentarse como “comisario Alais”, investigó su prontuario, lo denunció y el rectorado revocó la adjudicación. Cuando la noticia trascendió varios camaradas pusieron sus empresas a nombre de esposas y yernos. En Bahía Blanca le fue mejor: hasta el año pasado prestó servicios en el departamento de agronomía de la UNS y la Justicia nunca lo citó.

- El director ejecutivo del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, creó en 1997 la empresa Megatrans. Se especializa en localizar vehículos y transmitir datos móviles. Desde 2001 controla 150 patrulleros de la Policía Federal y 1500 de la Bonaerense. En plena dictadura, Massot visitaba en la ESMA a su director, almirante Jacinto Chamorro. Tres meses después del golpe de Estado, dos obreros gráficos de sus talleres, que durante los años previos habían encabezado reivindicaciones laborales, fueron secuestrados, torturados y asesinados. El juez Alcindo Alvarez Canale considera que son crímenes imprescriptibles, pero nunca investigó, ni citó a declarar a los dueños de La Nueva Provincia.