Cuando el represor Héctor Febres y su familia se mudaron a Angel Carranza 1551, esa parte de Palermo aún no era Hollywood. Vivieron allí hasta que en diciembre de 1998 el prefecto fue detenido, acusado de apropiación de bebés durante la dictadura, y desde entonces alquilan esa vivienda tipo PH. Diez años más tarde, cuando la comisión policial y judicial apareció con una orden de allanamiento, la joven pareja que ahora lo habita no entendía nada. La mujer embarazada que abrió la puerta estaba muy lejos de ser Stella Maris Guevara, la esposa de Febres, a quien los vecinos recuerdan desplazándose con dificultad por una enfermedad. Luego de aclarar que no eran los familiares del represor –que acababa de ser envenenado con cianuro–, acompañaron a los funcionarios que se retiraban. “Ah, disculpen, quizás esto les sirva. Los dueños nos pidieron si podían guardar algunas cosas en la baulera”, les dijo la mujer. Policías y secretarios se miraron: el procedimiento no había sido del todo improductivo. Entre varios elementos personales encontraron condecoraciones y felicitaciones enmarcadas como diplomas. Uno les llamó la atención: la foto autografiada de Carlos Menem con la banda y el pelo felinamente abultado. El ex poderoso asomaba entre los cuadritos como la punta del ovillo. Los próximos pasos que dará la Justicia en la investigación del asesinato del represor apuntan a actuales cúpulas que lo beneficiaron, interesadas en su silencio.

“A mi amigo y compañero Héctor Febres, un abrazo con afecto...”, puede leerse antes de la firma del ex presidente Menem, la misma que estampó en los indultos, aún vigentes, y en la ley de Obediencia Debida –ya anulada– que brindó cobijo al prefecto. En 1998 Febres cayó preso por haber sido parte del plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura, un delito que no estaba amparado por aquellos perdones. Sin embargo, a juzgar por las numerosas pruebas acumuladas en la investigación de su muerte, entre ellas las fotos publicadas ayer por Página/12, mal no le fue durante su encierro VIP.

A pocos días de que su cadáver apareciera en el departamento de dos ambientes de la sede Delta de la Prefectura Naval, este diario informó sobre las condiciones de privilegio de las que gozaba, y que los investigadores sospechaban que además tenía libertad de movimientos. El curso del caso demostró que Febres tenía un chofer a disposición, y la Armada, la Prefectura y la Justicia le permitieron ir de vacaciones en familia a la base naval de Azul. Las autoridades de la Prefectura lo trataban como un jefe en apuros, más que como un acusado de delitos de lesa humanidad, lo dejaban participar de sus actividades protocolares y le daban todos los gustos: telefonía, Internet, cancha de tenis, visitas sin horario, registro ni requisa, uso de sus salones para fiestas y reuniones regadas con bebidas alcohólicas. Febres podía tener su billetera, documentos, trajes, llaves y medicamentos. Y hasta 2003, según pudo averiguar este diario, conservó sus armas: un certificado que consta en el expediente evidencia que el represor estuvo armado los primeros cinco años de su flexible confinamiento.

El relajo de la prisión preventiva era tal que su esposa podía quedarse a dormir en la habitación con baño en suite y cama de dos plazas. La jueza Sandra Arroyo Salgado determinó que la escena del crimen fue totalmente alterada, encontró la computadora de Febres en otro sitio, y a los familiares y prefectos participando de estos movimientos. Ahora, además, se dio cuenta de que el cuerpo del represor, aparecido boca abajo, estaba en una cama de una plaza. Alguien quiso ocultar también las comodidades matrimoniales.

Más allá de la incógnita respecto de lo que pueda hacer la Cámara Federal de San Martín con los procesamientos dictados por la jueza a la esposa y los hijos, Héctor y Sonia, como encubridores, y a dos prefectos como partícipes del homicidio, el caso avanza hacia las responsabilidades institucionales. En los próximos días, Arroyo Salgado estará en condiciones de decidir si cita a indagatoria al ex jefe de la Prefectura Carlos Fernández y al jefe de la Armada, Jorge Godoy, como le solicitaron las abogadas que representan a Enrique Fukman y a Carlos Lordkipanidse, sobrevivientes de la ESMA. Entre los cuadritos encontrados en el allanamiento de la baulera de la calle Carranza aparecieron otros de interés para los investigadores. Son placas de cursos vinculados a servicios de inteligencia, de los que surgen nombres de personal en actividad. “Hay mucha documentación para producir medidas y con puntas a seguir”, comentó una fuente de la causa. “Hay nombres poderosos, por eso no podemos descartar nada”, agregó.

La jueza estableció que hubo una comunión de intereses entre la Prefectura y la Armada para mantener a Febres cómodo y a la vez controlado, por si acaso se le ocurría dar más detalles sobre su paso por la ESMA, donde los sobrevivientes lo ubican no sólo como torturador sino también como encargado de los bebés nacidos en cautiverio. El prefecto ya había nombrado a varios de sus jefes de entonces y solía manifestar su bronca contra las cúpulas que seguían en libertad. Pero los veranos de 2003, 2004 y 2005 que pasó en Azul se sintió tan relajado como para armar el álbum fotográfico de recuerdos. Esas imágenes de Febres en la pileta y en los chalecitos de la base dejan poco margen para la duda sobre la vinculación de la Armada con la detención de privilegio del prefecto asesinado. De hecho, en el Ministerio de Defensa sospechan que la fuerza a cargo del almirante Jorge Godoy fue cómplice de la Prefectura. Tras un breve receso, en un juzgado con carencia de personal pero que trabajó durante la feria, los colaboradores más cercanos de la jueza afirman que “no habrá un nuevo rumbo, porque eso ya está orientado, aunque sí un nuevo impulso”.