El juez federal de Quilmes, Luis Armella, decidió levantar ayer la incomunicación que pesa desde el domingo sobre Jorge Hospital y Omar Merino para tomarles declaración indagatoria. Los ferroviarios, detenidos por el corte de vías del jueves en la ex línea Roca, fueron imputados por los delitos de extorsión, que prevé penas de cinco a diez años, con interrupción a los medios de transporte, con prisión de tres meses a dos años. Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero (PO), formalizó durante la tarde de ayer el pedido de excarcelación para los militantes de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra. Ambos negaron los cargos en su contra, responsabilizaron a la Unión Ferroviaria (UF) de buscar una “revancha” por los miembros del sindicato presos por el crimen de Mariano Ferreyra y reclamaron su liberación.

Al finalizar la indagatoria, Hospital y Merino fueron trasladados a la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde continúan detenidos. Armella podría resolver el pedido de excarcelaciones en el transcurso del mediodía. Además de los ferroviarios, el magistrado también libró órdenes de detención para Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, y Miguel Morales, de Causa Ferroviaria, quienes hicieron un pedido por escrito para ser eximidos de prisión. Al cierre de esta edición no habían sido arrestados. Entre tanto, fuentes judiciales vinculadas con la causa informaron que la División Roca de la Policía Federal Argentina y la Secretaría de Inteligencia continúan con las pesquisas para reunir pruebas e identificar a quienes participaron del corte de vías a la altura de Avellaneda, por lo que no deberían descartarse más detenciones. Durante la indagatoria en el Juzgado de Instrucción Federal Número 1 de Quilmes, los ferroviarios aseguraron que sus detenciones “son una presión para las excarcelaciones de los siete detenidos” por el crimen del militante del (PO) Mariano Ferreyra –la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional tiene tiempo hasta este jueves para expedirse– y representan “una revancha” por las declaraciones contra la Unión Ferroviaria, en el marco de la causa que se encuentra en manos de la jueza Wilma López.

La abogada del PO, Claudia Ferrero, efectuó ayer el pedido de excarcelación para Hospital y Merino después de que declararan ante el juzgado de Armella en Quilmes. “El juez debe definirlo en un término de veinticuatro horas, es decir, a las 12 o 14 de mañana (por hoy)”, dijo la patrocinante de los militantes de Causa Ferroviaria, en diálogo con Página/12 y advirtió que en caso de rechazarse, “iremos a la Cámara de Apelaciones” de La Plata. Ferrero presentó, además, un pedido de eximición para Belliboni y Morales, sobre quienes pesa un pedido de captura librado por el juez de la causa.

Además del corte, Merino y Hospital están acusados de haber intimidado al Ministerio de Trabajo y a la Ugofe S.A. –junto a 150 personas– haber exigido el pago de sueldos y la incorporación a la planta permanente de 60 personas mediante la suscripción de un documento, negándose a liberar las vías mencionadas si no se cumplía con el reclamo. La abogada desestimó el delito de extorsión y consideró que esa figura se aplica a “quien por violencia o intimidación busca lograr que una persona haga algo contra su voluntad”. Sobre este punto, destacó que “ni la Ugofe ni el Ministerio hicieron nada que no quisieron”.

En ese sentido, María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) estimó que, por estas horas, “se está diciendo que salir a la vía a reclamar el pago de sueldos es una extorsión”. Y se preguntó si cuando Correpi se moviliza a la puerta de un juzgado para pedir juicio y castigo, eso significa que se extorsiona al Poder Judicial. Sobre las detenciones, consideró que “el nivel de disciplinamiento de la protesta que genera este tipo de acciones es gravísimo”.