Si consigue superar el conflicto con el campo, el Gobierno buscará un mecanismo para aliviar las retenciones petroleras, aunque sin plantearlo públicamente como tal. De ese modo, se reavivaría la idea que había llegado a plasmarse en papel en febrero pasado, demorada por una discusión técnica, primero, y abortada con el lockout de los ruralistas, finalmente. Para entonces, las petroleras habían logrado un inédito consenso sobre la medida, sumando las voluntades del entonces ministro de Economía, Martín Lousteau; de Planificación, Julio De Vido, y hasta la del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Después de muchas discusiones, a principios del verano se había llegado a redactar un bosquejo de modificaciones tributarias sobre el sector de hidrocarburos que permitía subir de los 42 a 46,5 dólares el precio para comerciar internamente el barril de petróleo. Este es el precio al que las petroleras proveen a las refinadoras, según impone una resolución oficial.

El nuevo esquema en el que Lousteau y Moreno trabajaron en el verano suponía también relajar la fórmula fiscal que el Gobierno impuso hacia fines del año pasado cuando subió drásticamente las retenciones sobre las ventas al exterior de petróleo y naftas. Por encima de los 45 dólares el barril de crudo, el Estado se queda con el resto del precio que, según la cotización del WTI de ayer está en 127 dólares.

Esto implica una retención superior al 60 por ciento, no sólo para el petróleo sino también para las naftas, cuyos derechos de exportación subieron del 5 al 65 por ciento. El caso es diferente al de los impuestos sobre el sector agropecuario por varias razones. A diferencia de la soja, sólo se exporta el 10 por ciento del crudo producido en el país y los combustibles vendidos en el exterior son, básicamente, insumos para la petroquímica y no las naftas más demandadas en el mercado interno.

Como hay un precio fijado por el Gobierno para comercializar internamente y el de exportación resulta de ese esquema de retenciones, para los productores de naftas o crudo hoy es casi indiferente vender afuera que adentro. En ambos casos, argumentan, la renta es insuficiente para producir más, menos aún para explorar, y por eso retacean inversiones. De esto hay pruebas. La producción petrolera es un 25 por ciento inferior a lo que era hace una década y la tendencia amaga consolidarse: desde noviembre a la fecha se desactivaron en Neuquén unos veinte equipos de perforación, alrededor del 10 por ciento de todos los que se utilizan en toda la geografía del país.

El borrador de la norma redactada por Economía tenía algunas deficiencias técnicas que se intentaban subsanar cuando el paro de los ruralistas dejó el tema congelado. Entre otras que, al igual que la resolución en vigor, no distinguía la diferencia de precio entre las distintas clases de petróleo para la aplicación de retenciones. Al mismo tiempo, convalidaba la idea de calcular las regalías que cobran las provincias sobre el precio internacional, que triplica el que efectivamente cobran los exportadores.

El desafío oficial es cómo retomar el tema sin salir al ruedo con una medida que beneficia a las petroleras cuando se tiene una puja tan dura con el agro. Entre las ideas oficiales en danza está la de instrumentar un régimen de premios y castigos, que alivie los impuestos para las que inviertan en exploración y refinación, una versión remozada de la rebaja lisa y llana de las retenciones.

Para apuntalar cualquier medida favorable a su negocio, las empresas encomendaron a una consultora privada un análisis fiscal sobre cuarenta naciones que gravan las ventas al exterior. La conclusión preliminar de ese trabajo es que la presión fiscal sobre el sector de hidrocarburos aumenta en los países donde la producción se incrementa y el recurso sobra (Venezuela, entre ellas), pero no en las que perfilan transformarse en importadores netos como la Argentina. El texto en breve estará en los despachos de Carlos Fernández y De Vido.