Después de 16 días los presidentes de las cuatro cámaras agropecuarias y el jefe de Gabinete volverán a verse hoy las caras; esta vez, esperan en el Gobierno, para llegar a un acuerdo que deje en el pasado el conflicto con los empresarios rurales. El punto central para destrabar es la modificación del decreto 125 del 11 de marzo que impuso las retenciones móviles a la exportación de soja y girasol. El Gobierno va a aceptar cambiar la curva de retenciones para que vuelvan a tener sentido los mercados a término, una especie de banco de apuestas donde comprador y vendedor fijan un precio a futuro, en el que, al constatarlo con el real de ese momento, pueden ganar o perder. Otra opción que se baraja es la de ponerles un tope a las retenciones móviles, para que no puedan superar el 50 por ciento.

Con el mecanismo del mercado a término el productor busca asegurarse un precio que supone conveniente. Como el decreto dispone que la retención sea del 95 por ciento si el precio excede los 600 dólares la tonelada, los ruralistas sostienen que, llegada esa instancia, casi se les impone un precio fijo.

Los dirigentes agropecuarios están citados para las 17.30 en el Ministerio de Economía y el dueño de casa, Carlos Fernández, estará junto al jefe de Gabinete en las negociaciones. “Vamos a ver si esta vez empezamos a dialogar en serio y a encontrar soluciones sin apremios, así podemos trabajar y analizar todo lo que a todos nos interesa”, dijo ayer Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete dio tranquilidad a los ruralistas al ratificar que van a tratar la agenda de 10 temas que el Gobierno les elevó a los productores el 6 de mayo. “Tienen una propuesta de agenda que nunca fue tratada, donde están todos los temas, incluyendo el famoso tema de mercados a futuro”, recordó ayer Fernández.

Para los ruralistas solucionar el tema de los mercados a término es modificar las retenciones móviles. Y no es una cuestión semántica menor. La controversia sobre cómo llamar a esta modificación hizo fracasar el último encuentro y los ruralistas se escudaron en ello para convocar al último lockout.

La propuesta que les entregó el Gobierno a los ruralistas se puede sintetizar así:

- Crear una mesa de seguimiento a nivel nacional y mesas regionales, para atender las particularidades de cada zona.

- Acordar la armonización entre las exportaciones y el abastecimiento del mercado interno.

- Desarrollo territorial equilibrado con inclusión social, aumentando la diferenciación de las producciones regionales, mejorando la infraestructura y promoviendo la agricultura familiar.

- Intensificar la redistribución de la renta agropecuaria entre los distintos estratos de productores y los que intervienen en la cadena de comercialización.

- Actualizar el marco legal para que los ruralistas tengan mejores condiciones de acceso al crédito para inversión.

- Fomentar el valor agregado a los productos agropecuarios en actividades con fuerte requerimiento de mano de obra.

- Líneas de crédito especiales y desgravación impositiva para quienes innoven en tecnología.

- Cobertura de riesgos climáticos y de mercado.

- Analizar las condiciones de funcionamiento de los mercados a término.

- Formalización tributaria y laboral de los ruralistas (ya que la mitad ni siquiera está registrada en la AFIP) y mejoramiento de las condiciones del trabajador rural (el 70% aproximadamente está en negro).

Aunque se llegue a un acuerdo político sobre estos puntos, el encono seguirá presente al menos hasta el domingo, cuando las cuatro cámaras harán un acto en Rosario, que inevitablemente tendrá un tono opositor. No sólo por la postura política de algunas de las cámaras durante el conflicto, sino porque van a confluir allí fuerzas opositoras al Gobierno, como el PRO de Mauricio Macri, Elisa Carrió, Alberto Rodríguez Saá y dirigentes del radicalismo.

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