Directivos de la pastera finlandesa Botnia se ahorraron un problema: declarar ante la Justicia de Entre Ríos, en el marco de una denuncia por contaminación contra la empresa instalada a orillas del río Uruguay. Así lo quiso el gobierno uruguayo, que denegó el permiso a las autoridades de la papelera escandinava, ubicada en Fray Bentos, para concurrir al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en una causa que tramita el juez Guillermo Quadrini. La decisión fue impulsada por el presidente Tabaré Vázquez, que se encargó de que la resolución lleve su firma. La determinación data del martes pasado, aunque recién se conoció ayer. El rechazo de Vázquez se justificó en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur. Según la resolución del mandatario uruguayo, allí “se dispone que el Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del país”. Los empresarios de la pastera habían sido citados en la causa por tentativa de contaminación iniciada, en su momento, por el ex gobernador entrerriano Jorge Busti y el ex vicegobernador Pedro Guastavino, actualmente senador. Por su parte, el abogado de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú Luis Leissa criticó duramente la decisión del presidente oriental. “Los intereses del Estado uruguayo no pueden estar por encima de los del conjunto de la comunidad del río Uruguay que está planteando la ilegitimidad de la instalación de Botnia”, cuestionó Leissa, al tiempo que enfatizó: “Esto muestra a las claras la violación absoluta de toda norma internacional de medio ambiente por parte del Uruguay”.