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La jueza María Servini de Cubría ordenó allanamientos en oficinas del Ministerio de Economía y del Banco Central para secuestrar documentación en la causa contra Domingo Cavallo, Jorge Remes Lenicov y Pedro Pou por haber contratado los servicios del lobbysta Carlos Bercún, a su vez sospechado en la causa por las nuevas coimas en el Senado. Uno de los objetivos del procedimiento era la orden de pago del Central que contrató a ese consultor por 3.700 pesos mensuales hasta febrero de 2003, tal como lo reveló Página/12.
Cuando estalló el nuevo escándalo a partir de un artículo del Financial Times (FT), la senadora Malvina Seguí fue mencionada como la supuesta protagonista de un video, que nunca apareció, que habría registrado el pedido de soborno. Su contragolpe fue revelar en pleno recinto de la Cámara baja la existencia de Bercún como el principal nexo entre el Congreso y los hombres de finanzas. Sus informes son comprados por la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), que no le rescindió el contrato y le paga 25 mil pesos mensuales, y por el Citibank. Bercún se había desempeñado como subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía entre 1996 y 1999. En septiembre de 2001, Cavallo aprobó la contratación de su consultora por 19 mil pesos mensuales. Remes Lenicov se lo renovó hasta diciembre de 2002, pero el destape del caso de las coimas obligó al ministro Roberto Lavagna a rescindirlo. Delgado y Freiler solicitaron los antecedentes de los contratos con Economía y con el Banco Central, copias de la causa madre sobre los sobornos que lleva el juez Bonadío, en especial la documentación secuestrada en los allanamientos a la cartera de Hacienda y a la consultora de Bercún y la declaración testimonial de los directivos de la ABA y los empleados de la consultora. Página/12 pudo saber que Servini hizo lugar a la mayoría de estas medidas. Y que en los procedimientos secuestró gran cantidad de documentación referida incluso a otras contrataciones oficiales.