Los dirigentes de las entidades de productores agropecuarios reaccionaron despectivamente ante los anuncios realizados por el Gobierno, con el mismo tono que usaron durante el conflicto por la Resolución 125 de retenciones móviles. Ese conflicto lo ganaron, pero cuando hablan se victimizan como si lo hubieran perdido.

Durante ese largo conflicto, los representantes de los productores de la pampa húmeda se rasgaban las vestiduras aduciendo pérdidas insostenibles. Algo que no se compadecía con el espectáculo de gran prosperidad que cualquier visitante inocente podía y puede observar en los pueblos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, muchos de los cuales, pocos años antes, parecían pueblos fantasma. Pero, si alguien les hacía notar esa contradicción, reaccionaban ofendidos: “¿Y qué, no tenemos derecho a ganar plata, eso es un delito?”. Por supuesto que lo tienen, pero resultaba esencialmente deshonesto que utilizaran dos argumentos opuestos: o están pobres o están ganando plata.

Y si están ganando plata, también tienen derecho a querer ganar más. Pero la discusión es diferente. Si no, hay un planteo de mala fe, en el afán de convencer a la sociedad victimizándose. Porque hay muchos sectores, sobre todo desocupados y asalariados, que no fueron tan beneficiados como ellos en estos años de fuerte crecimiento de la economía y por ello tienen más derecho a esa misma aspiración.

Pero los planteos de las entidades rurales ya no tienen la forma de un diálogo o una negociación a partir de sus reivindicaciones, sino que se parece más a un planteo político de desgaste del Gobierno y siempre sobre el malentendido original. La aspiración de fondo de las entidades es que no haya ningún tipo de retenciones. Es el punto que los unifica en un esquema que no diferencia entre pequeños, medianos y grandes productores, ni en el tipo de producción ni en la región.

Es un planteo de máxima que no admite negociación y que, por lo tanto, busca, ya de manera abierta, un lugar en la puja de poder político entre oficialismo y oposición sobre el convencimiento de que este gobierno no accederá a ese reclamo.

Entonces esta confrontación de intereses, que es natural, se convierte en un intercambio de significados equívocos entre el Gobierno, las entidades ruralistas y el bloque opositor que las respalda en forma acrítica. Se está discutiendo de política sin blanquearlo y se está disputando una renta sin decirlo. El Gobierno fue la primera víctima de esos malentendidos cuando se produjo el conflicto. Pero también les sucede ahora a las entidades rurales, que se han quejado tanto de que estaban agonizando sin que ello sucediera, que todo lo que digan es tomado con pinzas, sobre todo en el primer tramo de una crisis mundial que nadie sabe en qué va a terminar.

La crisis instaló un clima de expectativa, de cautela y cierto temor. Pero los precios de los granos bajaron a valores normales porque el capital que especulaba en los mercados a futuro se retiró, no porque haya una baja en la demanda. Por lo tanto, a pesar de las advertencias apocalípticas de los centros financieros de siempre, no está previsto que las commodities bajen más, sino que incluso es probable que aumenten cuando los grandes compradores sostengan sus pedidos en los mercados. Por lo menos China ya anunció que lo hará. No hay un horizonte particularmente difícil para este sector, como sí les puede suceder a las exportaciones de manufacturas. En este contexto les será más difícil a las entidades rurales que la sociedad acepte medidas drásticas como las que realizaron durante el conflicto o que la problemática rural vuelva a ocupar el centro.

Sin embargo, como está planteado, este duelo entre el Gobierno y las entidades rurales se prolongará durante toda la gestión de Cristina Fernández. Pero en este momento de crisis, sus reclamos llevados al paroxismo del conflicto pasado pueden poner en riesgo la suerte de la industria y de otros sectores de la economía. Es un arma de doble filo: les da la fuerza de romper todo, pero también corren el riesgo de poner a todo el país en su contra.