Las dos justicias en la vidriera

Por Equipo de Querellantes y Abogados *

Si quieren dar mil pasos para atrás, no los dejaremos caminar.

El fallo del Tribunal de Casación, que concede la excarcelación a Astiz, Acosta y tantos otros genocidas, nos produce total indignación. Pequeño obsequio de fin de año le hace a todo el pueblo argentino una Justicia que empezó a moverse tan tarde y que ahora mueve las piezas desde la crueldad de una decisión insostenible.

Repudiamos de manera absoluta esta decisión, que saca a estos genocidas del único lugar en el que deben estar: la cárcel. Repudiamos las decisiones judiciales que siguen amparando la impunidad. Hablamos desde el reclamo de justicia para nuestros 30 mil Compañeros Detenidos–Desaparecidos. Hablamos desde la bandera que venimos levantando, desde la lucha, desde el compromiso y la pelea que seguiremos dando para que todos y cada uno de los genocidas estén tras las rejas.

Desde hace muchos años exigimos justicia real y efectiva, y en este camino alcanzamos algunos logros. No claudicaremos ante arbitrariedades como ésta, y seguiremos hasta que todos los represores sean juzgados y condenados por todos los crímenes que cometieron.

Como colectivo hemos denunciado a los jueces de la Cámara de Casación, en el mes de marzo del año 2007, ante el Consejo de la Magistratura, por la permanente obstaculización que ejercen en los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Hoy se verifica con toda claridad lo fundamentado de nuestra denuncia.

Esta decisión del Tribunal de Casación pone en riesgo la continuidad de los juicios, y también la integridad y seguridad de los cientos de sobrevivientes, familiares, abogados, que actúan en estas causas. Pone en riesgo a todo el pueblo argentino. Porque está demostrado que la impunidad sólo genera impunidad. La desaparición de Julio López, de la cual hoy se cumplen 27 meses, es una demostración clara de lo que son capaces de hacer los represores para garantizarse la impunidad. Esa impunidad que encuentra en la decisión adoptada por Casación un renovado impulso para neutralizar los pasos que con la lucha hemos venido dando.

Las consecuencias de estas decisiones serán responsabilidad absoluta de quienes detentan la “justicia” en nuestro país.

El Poder Judicial en su conjunto tiene la obligación humana de revertir la oscuridad en la que nos han sumergido hoy. Como responsables de velar por la Justicia, es hora de que oigan lo que el pueblo está diciendo y exigiendo, desde hace más de 30 años.

Con esta decisión se han vejado, una vez más, los derechos humanos. El Poder Judicial es responsable absoluto, no sólo del retroceso, sino de este duro golpe a la Justicia, la Verdad y la Memoria. Un Poder Judicial servil a los intereses de un sector, servil ayer, servil hoy. En repudio absoluto hacia ese poder que enaltece las banderas de la muerte. En repudio y en alerta permanente.

Un Poder Judicial compuesto por hombres que han faltado, una vez más, al pueblo argentino. Es hora de rever a quién se le ponen las investiduras. Aquel que defiende y premia a asesinos no merece estar donde está, impartiendo justicia, cada vez más manchada de sangre. Una Justicia que mete presos a los pibes de los barrios marginales y deja libres a quienes mataron a 30 mil compañeros. ¿Justicia? Sólo para algunos.

* En la Causa ESMA, Primer Cuerpo y Campo de Mayo

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Jueces que violan la ley

Por Luciano Hazan y Alan Iud *

La reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de dejar en libertad a represores que actuaron en la ESMA durante la dictadura militar es la evidencia más notoria de que el Estado argentino, a través del deficiente funcionamiento del sistema de Justicia penal, está violando su obligación de juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad en un plazo razonable.

Cinco años después de la reapertura de las causas con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, jueces y fiscales no han logrado llevar a juicio a los responsables de los delitos más aberrantes que se pueden recordar, aun cuando prácticamente todas las pruebas ya se encontraban al alcance de la Justicia desde hace más de dos décadas. Esta situación, más allá de la resistencia que desde la órbita judicial ejercieron un grupo de personajes vinculados política e ideológicamente con la dictadura, responde a una anacrónica organización judicial, que casi todos los países de América ya han dejado de lado.

Si bien es incuestionable que la libertad de las personas durante el proceso debe ser la regla y la prisión preventiva la excepción, parece una burla que el mismo tribunal que impidió que estas causas avanzaran diligentemente hacia un juicio oral y público hoy disponga la libertad de los represores.

La Cámara de Casación, así como distintas cámaras federales, han incumplido abiertamente la ley 26.374, que establece que las apelaciones y demás recursos deben tramitar oralmente y ser resueltos en un plazo máximo de 30 días. Por la vía de acordadas y resoluciones internas, los magistrados de estos tribunales decidieron desobedecer una ley dictada hace apenas siete meses por el Congreso de la Nación para enfrentar estas demoras, con el argumento de que resultaba imposible de implementar.

La realidad de la Cámara del Crimen desmiente categóricamente esa afirmación. Sin grandes recursos económicos, pero con la decisión de cumplir el mandato legal, esa Cámara –donde no tramitan causas relacionadas con los crímenes de la dictadura, pero con un volumen de trabajo abrumadoramente superior al de la Justicia federal, pues allí se juzgan los delitos comunes que ocurren en la Capital– es la única que realiza sistemáticamente las audiencias y adopta sus decisiones dentro del plazo legal.

El plazo razonable de la prisión preventiva va necesariamente atado al de los procesos y ninguna otra medida fue dispuesta por estos tribunales para garantizar su celeridad. Corresponde al Consejo de la Magistratura de la Nación analizar si el accionar dilatorio de estos magistrados, en flagrante violación de la ley, configura una causal de mal desempeño que amerite evaluar su remoción.

* Equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo.