Mientras recibe cuestionamientos de sus aliados políticos y de la Iglesia, y ahora también de quienes habían aplaudido su decisión de no apelar el fallo en favor del matrimonio gay, el gobierno porteño defendió su nueva medida argumentando que mantiene su postura: anunció que apelará los fallos en contra del casamiento gay a la Corte Suprema. Y sostuvo en un comunicado que lo hacía “en defensa de la autonomía de la ciudad y de la Justicia local”. Después de las críticas cosechadas tras la decisión de acatar un fallo de otra jurisdicción, en el PRO juraban que plantearán la incompetencia de los jueces del fuero civil y que evalúan denunciarlos ante el Consejo de la Magistratura para que se les abra un juicio político. En el PRO repetían ayer a la tarde que mantienen su postura favorable al matrimonio gay. Aunque el mismo lunes ya hablaban públicamente de que acatarían el fallo de la jueza civil Marta Gómez Alsina, los macristas se esforzaron anoche en brindar otra explicación: que sí querían concretar la boda y que hasta evaluaron diversas formas de eludir la orden de no casar a la pareja gay. “El texto decía que suspendía el matrimonio a las 14. No decía que no los podíamos casar a las 14.45, o a las 15”, explicaban, con picardía, en Bolívar 1. Según los macristas, la directora del CGP1, Gabriela Seijo, y el subsecretario de Justicia, Daniel Presti, tenían instrucciones de casarlos, hasta que se les notificó un segundo fallo de la Cámara que volvió a ordenar la suspensión. Los funcionarios pidieron el nuevo fallo y evaluaron –según explican– si se podía encontrar algún atajo. “Nos encontramos con una orden en abstracto, que no podíamos desobedecer. Entramos en un conflicto de jurisdicciones que tiene que dirimir el tribunal superior común, que es la Corte Suprema de la Nación”, consideraron.