EL PAíS • SUBNOTA › LA JUSTICIA SECUESTRó TODAS LAS ARMAS USADAS EN LA REPRESIóN
Las municiones encontradas en los cuerpos de las dos víctimas fatales provenían de armas largas que podrían ser “pistolones, escopetas o armas caseras”. El fiscal separó a la Federal de la investigación. También busca saber qué papel cumplió la Metropolitana.
› Por Irina Hauser
Las balas que mataron a Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro eran similares entre sí y provenían de “armas largas” que podrían ser “pistolones, escopetas, o bien armas caseras o tumberas”. Así surge del primer informe de las autopsias que recibió la fiscalía de Sandro Abraldes, a cargo de la investigación de los homicidios vinculados al desalojo en Villa Soldati. En una de sus medidas iniciales, el fiscal separó a la Policía Federal de la pesquisa, no sólo porque estuvo a cargo del violento operativo sino porque el reporte forense deja bajo sospecha la actuación de esa fuerza al señalar que los disparos mortales pudieron venir de las escopetas que utiliza, a lo que se suma que las imágenes televisivas muestran a los uniformados accionando ese tipo de armas. Hasta ahora, de todos modos, los investigadores consideran que la información es parcial y que no se puede descartar ninguna hipótesis. Está también bajo la lupa el papel de la Policía Metropolitana y de bandas civiles armadas que se sospecha que actuarían en combinación con la policía porteña.
Las armas que utilizaron los efectivos de las comisarías 52 y 36, que intervinieron en el desalojo, fueron incautadas ayer, y estaba en marcha el secuestro de las que usaron la Guardia de Infantería y la Policía Metropolitana, informaron allegados a la causa. Inicialmente la Federal entregó armas en su mayoría nueve milímetros, pero la Justicia reclamó las escopetas, visibles en las filmaciones de los canales de TV. Las pericias balísticas, que dirán el calibre de los proyectiles hallados en los cuerpos de las dos personas asesinadas, fueron encomendadas a Gendarmería. Una versión hablaba de balas calibre ocho milímetros.
Por ahora el juez Eliseo Otero y el fiscal Abraldes cuentan con la información preliminar que proporcionó el experto del Cuerpo Médico forense a cargo de las autopsias, quien evaluó que tanto Rosemary, de 28 años, como Bernardo, de 24 años, murieron por el impacto de balas similares provenientes de “armas largas”. La reseña del forense, añadieron fuentes de la causa, agrega un abanico de posibilidades al hablar de “pistolones, escopetas, armas caseras o tumberas”.
En función de esa descripción, un especialista en balística consultado por Página/12 explicó que todo indicaría que se trataría de proyectiles sin estrías, es decir, perdigones de “cartucho múltiple” (disparan varias municiones a la vez) que son típicos de las escopetas. Lo que sucede es que hay que determinar si son las escopetas que utiliza la policía. Los pistolones, precisó, son escopetas más cortas, típicas de caza, que lanzan de a uno o dos cartuchos; las tumberas son escopetas de fabricación casera.
La chica recibió el balazo en la axila, el chico en el abdomen. Según una versión de allegados a la causa ella habría caído herida a 300 metros del lugar donde empezó el desalojo, cerca del barrio en construcción de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en Los Piletones. La persecución policial se extendió hacia el otro extremo del predio del Parque Indoamericano, donde está la Villa 20, detrás de un puente aéreo, sobre la Avenida Escalada. Rosemary, según declararon en la comisaría vecinas que estaban con ella, había ido simplemente a “chusmear” qué ocurría. Griselda Salgueiro, la hermana de Bernardo, el otro joven asesinado, relató a este diario que ella vio a su hermano desplomarse mientras la Policía Federal disparaba desde el puente hacia la villa, donde él se encontraba sin participar de la protesta (ver aparte).
Desde la Policía Federal insistieron en que el chico llegó al hospital antes de los incidentes y no fue trasladado en ambulancia sino en algún auto propio o un remise. De Rosemary dijeron que estaba ubicada detrás de los uniformados, que por ende nunca pudieron haberle disparado. En tribunales, los investigadores aseguran que nada de esto está corroborado aún, ni siquiera surgiría aún con claridad el horario de los decesos. Ayer en la fiscalía comenzaron a tomar las primeras declaraciones a los familiares de las víctimas. El abogado Nicolás Tauber, que asiste a vecinos y familias afectadas por el conflicto de raíz habitacional, “la gente vio disparar a los efectivos de la Federal y de la Metropolitana, y pronto irán a dar su testimonio”.
Uno de los ejes de la investigación apunta a determinar cómo llegaron a actuar en forma simultánea la Federal y la Metropolitana, qué papel y qué armas tuvo cada quien. Desde los gobiernos nacional y porteño surgen acusaciones mutuas sobre la represión desatada. La Metropolitana dice que no participó en la represión. El gobierno nacional anunció a última hora que separó a los federales que actuaron (ver aparte). La otra línea de investigación está relacionada con el relato del apoderado de Madres, Sergio Schoklender, sobre grupos armados que actuarían en connivencia con la Policía Metropolitana.
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