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El territorio bonaerense registra la mayor cantidad de femicidios ocurridos en el país. Desde la Red de Monitoreo de Políticas Públicas para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la provincia de Buenos Aires –una coalición de 17 ONG– advierten que hace casi dos años que el Ministerio de Desarrollo Social no paga subsidios a entidades de la sociedad civil que brindan asistencia gratuita a víctimas, las que –paradójicamente– son derivadas allí para su atención por dependencias estatales. Además, sostienen que falta personal especializado en las comisarías de la Mujer y la Familia, entre otros problemas.

La preocupación de la Red se extiende al Poder Judicial. Señalan que los fiscales promueven la mediación entre golpeadores y víctimas –una práctica contraindicada por los especialistas en estos casos– y tienden a desestimar y archivar las causas sin investigarlas a fondo. Como muestra, en el departamento judicial de San Nicolás, el defensor público Gabriel Elías Ganón realizó un relevamiento y encontró que “el 95 por ciento de las denuncias por violencia doméstica que analizamos fueron archivadas sin investigar”. Y agregó: “La realidad se repite en toda la provincia”.

“Estamos viendo que cada vez más mujeres se dan cuenta de que sufren violencia de género y piden ayuda, pero las organizaciones de la sociedad civil no damos abasto. Solo unos pocos municipios tienen servicios especializados como el de Morón”, indicó la médica Zulema Palma, de la ONG Mujeres al Oeste, de Morón. Mujeres al Oeste es una de las varias ONG a las que el gobierno bonaerense les cortó los subsidios que recibían por atender gratuitamente a víctimas. A la Fundación Propuesta, reconocida en el sur del conurbano por su extensa trayectoria en la temática, también le retiraron la ayuda económica. “Vamos a tener que cerrar una de nuestras sedes, la de Remedios de Escalada, donde alquilamos el local, por falta de fondos. Podemos mantener nuestras puertas abiertas porque el club Lanús nos presta una oficina”, graficó Marisú Devoto, directora de la Fundación Propuesta, donde reciben entre 30 y 50 consultas de mujeres por mes. El Centro de la Mujer (Cedem), de San Fernando, que dirige la abogada María Luisa Storani, actualmente diputada nacional por la UCR-Coalición Cívica, también está en crisis por el recorte.

En enero último, el servicio telefónico a víctimas de violencia que depende de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense atendió 819 llamadas. Casi 8 de cada 10 llamados pedían asesoramiento e información. Dos de cada diez correspondieron a mujeres en situación de “emergencia”. En el 50 por ciento de los casos, el agresor era la pareja conviviente; en el 20 por ciento, la ex pareja y en un 19 por ciento, la pareja no conviviente. En el 84 por ciento de los casos llamó la propia víctima. El servicio, denuncia la Red, tiene problemas de infraestructura: las computadoras se rompen y las llamadas se cortan.