Miércoles, 8 de febrero de 2012 | Hoy
EL PAíS › OPINIóN
Por Martín Granovsky
Ofreció un título a los diarios ingleses cuando dijo: “Quiero pedirle al primer ministro inglés que le dé una oportunidad a la paz”. Es obvio que algún periodista recogerá el homenaje a John Lennon por su Give Peace a Chance.
La Presidenta colocó por lo menos tres elementos sobre la mesa en la cuestión Malvinas que los lectores advertidos de este diario ya venían atisbando.
Uno, la incorporación de dos días, 2 y 3 de enero de 2013, dentro de las fechas relacionadas con la exigencia argentina de discutir con el Reino Unido la soberanía sobre las islas. En ese momento se cumplirán 180 años de la ocupación británica de 1833. Por eso Cristina Fernández de Kirchner mencionó ya en su discurso de septiembre del año pasado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que vendrían por delante dos años para discutir el tema, el 2012 y el 2013.
El segundo elemento es la sudamericanización del reclamo diplomático en relación con un punto: los recursos naturales de la región.
Y el tercero, la nitidez en la toma de distancia respecto de la dictadura militar, que ayer volvió a plasmarse en la firma del decreto 200 que desclasifica tanto el Informe Rattenbach producido por encargo del gobierno militar en 1983 como la documentación anexa que pudiera contener. En términos de política interna, el discurso y las decisiones oficiales parecen haber buscado un clima de acuerdo general. Es difícil que, excepto un pequeño grupo de fascistas, alguien pueda oponerse a la desclasificación del Informe Rattenbach y al reclamo contra la militarización del Atlántico Sur que deberá formular el canciller Héctor Timerman por instrucciones de la Presidenta. También es difícil pronosticar cómo seguirá, por ejemplo, la relación entre la Presidenta y el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano. Pero que ayer fue invitado y estuvo, fue invitado y estuvo.
En cuanto a los personajes, el coronel y compositor Augusto Rattenbach fue uno de los fundadores del Centro de Militares para la Democracia Argentina (Cemida, clave en el proceso de transición democrática) pero su padre no puede ser sospechado por nadie, aquí o en Londres, de simpatías izquierdistas o peronistas. En 1963, Benjamín Rattenbach, nacido en 1898 y muerto en 1984, fue uno de los autores del decreto 2713 que castigaba a “los que hicieren de palabra o por escrito la apología del tirano prófugo o del régimen peronista o del partido disuelto por decreto ley 3855/55, aun cuando no mediare la existencia de una finalidad de afirmación ideológica o de propaganda peronista”. Era secretario de Guerra del gobierno de José María Guido.
En 2006 el escritor Osvaldo Bayer publicó en Página/12 una contratapa llamada, simplemente, “Rattenbach”, en la que pedía la publicación oficial del informe y la difusión masiva por su carácter didáctico como forma de ilustrar las decisiones políticas y militares de las Fuerzas Armadas en 1982.
Es que, más allá de la biografía del propio teniente general Rattenbach, el documento producido para el entonces presidente Reynaldo Benito Antonio Bignone tuvo un destino paralelo a los archivos sobre la masacre ejecutada por la dictadura. Bignone dictó la autoamnistía militar, que el candidato presidencial peronista de entonces Italo Luder prometió respetar, ordenó quemar los archivos de la represión y, a la vez, decretó que el Informe Rattenbach y sus anexos fueran mantenidos en secreto. Bignone fue uno los artífices del comienzo del golpe, uno de los oficiales de la represión a través de uno de los principales centros clandestinos, Campo de Mayo, y el encargado de cerrar el ciclo con medidas de encubrimiento en medio del derrumbe del régimen.
“Somos gente que ha sufrido demasiado la violencia en nuestro país”, dijo ayer la Presidenta cuando pidió a Londres que no presentara al Estado argentino en posiciones belicistas. “No nos atraen los juegos de las armas y las guerras. Al contrario.”
Agregó un tándem (democracia y soberanía) al tríptico habitual de “memoria, verdad y justicia” y definió la guerra de 1982 como “un conflicto que los argentinos tenemos que procesar con seriedad, con responsabilidad, sin chauvinismos”.
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