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“Nosotros no estamos a favor de la pena de muerte. La pena de muerte es una medida excepcional, muy excepcional, que se toma en Cuba ante hechos de mucha gravedad. No aplicamos graciosamente la pena de muerte, de hecho, dentro de los países que la tienen dentro de su legislación, somos uno de los que menos la aplicamos. Sólo en casos de extrema gravedad, que están debidamente tipificados en nuestro código penal”, sostuvo el embajador cubano en la Argentina, Alejandro González Galiano. En una rueda de prensa realizada ayer, el diplomático explicó con detalles la “escalada de agresiones” que su país viene soportando de parte de los Estados Unidos y que llevó a que tres cabecillas de un grupo armado que tomó como rehenes a 50 personas fueran condenados a muerte. El hecho fue uno más de los que se sucedieron en las últimas semanas y que produjeron el secuestro de unos tres aviones y otras tantas embarcaciones cubanas con destino a los Estados Unidos. Con información pública, González Galiano no dudó en calificar a estos grupos como “mercenarios” y aseguró que son financiados con partidas incluidas en el presupuesto estadounidense.
“Nosotros no tenemos opción”, dijo el embajador al analizar el contexto de los hechos. Lejos de parecer tremendista o una justificación, la frase toma su real dimensión luego de escuchar la sucesión de declaraciones, actividades y fondos que la actual administración norteamericana le dedica al fomento de acciones desestabilizadoras. Aquí toman fuerza algunas de las definiciones de González Galiano: como cuando dijo “estos individuos no son pacíficos disidentes, sino mercenarios a sueldo de los Estados Unidos. Verdaderos terroristas que impulsan una campaña de mentiras contra Cuba”; “cualquier juicio de valor sobre la realidad cubana, para ser medianamente objetivo, tiene que tener en cuenta la situación de agresión permanente que Cuba soporta de parte de la potencia más grande del mundo”.
Al momento de repasar los números, el embajador recordó que en lo que va del año, “la administración norteamericana destinó 22 millones de dólares para financiar” la actividad de estos grupos. En su punteo, el diplomático cubano recordó que: “El 26 de marzo, el secretario de Estado, Collin Powell, reclamó al Congreso estadounidense casi 27 millones de dólares para financiar las transmisiones radiales contra Cuba”. Su conclusión fue clara: “Ningún país tiene el derecho de invadir el espacio radioeléctrico de otro”. Lejos de ser éstos los únicos fondos públicos estadounidenses comprometidos en actividades contra Cuba, González Galiano también puso su atención en unos 22 millones destinados a cuestiones como “fomentar la creación de Organizaciones no Gubernamentales (1.600.000 dólares); “pagar a supuestos periodistas independientes (2.027.000); “planificar la transición (2 millones), e incluso “planes para evaluar la marcha de esas iniciativas (300 mil dólares).
Por cierto este escenario se disparó desde la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca. Junto al texano, también ocuparon lugares destacados una serie de funcionarios sobre los que el gobierno cubano no tiene ninguna expectativa. Tal el caso de Otto Reich o incluso del actual representante de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, James Cason. El embajador cubano en Buenos Aires no dudó en calificar a esa oficina de intereses como “un antro de espías”. Incluso fue más allá y aseguró que “se han convertido en el cuartel general de los terroristas y subversivos que alientan en Cuba planes desestabilizadores”. Recordó que por distintos testimonios, que incluyen fotos y filmaciones, el gobierno cubano sabía que Cason había alentado a todos los grupos contrarrevolucionarios a “unirse”.
Al hablar de los recientes secuestros y las detenciones realizadas por el gobierno cubano, González Galiano desmintió a quienes señalaron que estas medidas habían sido tomadas para que pasaran inadvertidas en el contexto de la invasión norteamericana a Irak. “Los arrestos a estas personas comenzaron antes de la guerra de Irak”, explicó el embajador. Asífue que comentó que habían sido detenidas unas 75 personas. Entre ellas una mujer. Dando lecturas a las leyes y artículos con los que fueron condenados la mayoría de los conspiradores, el diplomático precisó que los tribunales “dieron penas que van de los 6 a los 28 años de condena”. También se explayó sobre las características de los juicios sumarios y luego de comentar que “están vigentes en más de 100 países”, aseguró que “en ningún caso hay una limitación al derecho del debido proceso”. Resaltó que todos los acusados habían conocido sus cargos con debida antelación y que contaron con 54 abogados, el ochenta por ciento de ellos contratados de manera privada”. Luego de admitir que los mentores de la condena a Cuba en la ONU, “van a hacer todo lo posible para utilizar estas medidas que el gobierno cubano se ha visto obligado a tomar en defensa de su soberanía”, González Galiano aseguró que “los pueblos de Latinoamérica están con Cuba”.