El vicegobernador Gabriel Mariotto llegó al Complejo Penitenciario Conurbano Norte acompañado por el secretario de ejecución penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati; la defensora pública de Lomas de Zamora Fernanda Mestrín; el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta; el senador provincial del Frente para la Victoria, Santiago Carreras; el director ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera; el Coordinador de su Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano García y su directora de Inspecciones, Alicia García; la directora del programa de Justicia Democrática del CELS, Paula Litvachky, sus colaboradoras Eva Asprela y Anabella Museri y el autor de esta nota y presidente del CELS. La CPM y el CELS visitan en forma sistemática las unidades que componen el Complejo Penitenciario Conurbano Norte, donde han documentado las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. La UNSM ha creado y equipado un centro universitario en la U-48, saboteado en forma sistemática por el SPB porque pone límites a su discrecionalidad, y tiene programas de apoyo a la reinserción de las personas que recuperan su libertad. Mariotto quiso verificar la situación in situ, como parte de los proyectos de reforma que impulsa, de los sistemas de seguridad y justicia, que incluyen la creación de las policías Judicial y Comunal; la autonomía de la Defensa Pública, que en el presente depende de la Procuración General y está subordinada presupuestaria y conceptualmente al Ministerio Público Fiscal; la instalación de una comisión legislativa que investigue las ramificaciones institucionales en el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez; la creación de un mecanismo provincial de visitas a las cárceles en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la modificación del reglamento del Consejo de la Magistratura y la promoción del juicio político a los jueces, fiscales y defensores que consienten lo que la Comisión Provincial por la Memoria denominó “el sistema de la crueldad” que rige en el universo concentracionario. El vicegobernador ya realizó visitas similares al centro El Diquecito, donde se alojan menores de edad y a la cárcel de La Plata, la U9. El jueves pidió que lo llevaran al lugar de la U46 donde el 28 de enero fue asesinado a puñetazos y patadas Patricio Jonathan Barros Cisneros, de 26 años. Su hermano Diego Barros Cisneros denunció el año pasado que el personal del SPB sacaba a los detenidos a robar para ellos. La familia solicitó la asistencia del CELS para el seguimiento de la causa judicial. Mariotto dijo que los cuatro penitenciarios prófugos no podrían haber eludido la orden de captura por sí mismos y exigió que cese la protección institucional de que gozan. Al despedirse de los reclusos les prometió que no se olvidaría de ellos y que muy pronto volvería con respuestas a sus padecimientos.