La jueza civil que suspendió el aborto no punible sigue acumulando demandas en su contra. A los pedidos de juicio político, Myriam Rustán de Estrada sumó ayer una denuncia por prevaricato –fallar en contra de la ley– que promovió la diputada porteña del FpV, María Rachid, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

“Queremos que haya un mensaje claro a los jueces de todo el país que intentan desconocer el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo y siguen obstaculizando el derecho de las mujeres a un aborto no punible”, señaló a este diario Gil Domínguez. “La magistrada dictó una sentencia en clara violación de la ley vigente sin que pueda oponer ninguna causa de justificación”, dice la denuncia.