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La reforma de 1995, impulsada en pleno auge flexibilizador y privatizador, acortó el universo de enfermedades y accidentes cubiertos por el sistema, fijó un esquema tarifado para las indemnizaciones, eliminó la posibilidad de recurrir vía judicial y creó a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Desde 2004, el sistema acumula distintas tachaduras de inconstitucionalidad que evidenciaron la necesidad de una reforma integral. Ante la imposibilidad para consensuar los cambios y la acumulación de borradores que no prosperaban, el Gobierno optó por impulsar una “ley corta” que aborda ciertas deficiencias arrastradas hace 17 años, pero que deja para más adelante modificaciones significativas. Esos cambios fueron aprobados ayer y recibieron el respaldo de un amplio abanico del sector empresario, fundamentalmente la Unión Industrial, y también de la CGT que conduce Antonio Caló.

Los economistas del Cenda, el centro de estudios que encabezaba el viceministro de Economía, Axel Kicillof, explicaron en un informe de 2007 que esos cambios permitieron que “los empresarios se deshagan del riesgo, a la vez que su cobertura se transformaba en un negocio rentable para las compañías de seguro”. De esa forma, el sistema de ART se orientó hacia “la minimización de los costos de los empleadores y aseguradoras”, dejando de lado la política de prevención de riesgos del trabajo. “Se configuró un sistema de seguro en el que la política de prevención no constituye el eje principal. En su lugar, otorgó un marco de previsibilidad empresarial en términos de costos de los siniestros y creó un nuevo negocio financiero que se sumó al de las AFJP”, concluyen los miembros del Cenda.

En 2004, las bajas e insuficientes indemnizaciones pagadas por el sistema llevaron a la Corte Suprema a declarar inconstitucional la imposibilidad de realizar un juicio civil frente a un siniestro. Así se habilitó la “doble vía” o “cúmulo”: la posibilidad de recurrir al fuero laboral para que el trabajador pueda cubrir la diferencia entre lo que paga el sistema y lo que “debería” cobrar si el mecanismo se hubiera mantenido actualizado.

Desde ese momento, el sistema continuó acumulando tachaduras de inconstitucionalidad y comenzó un intenso debate entre el sector patronal, los gremios y el Gobierno alrededor de una reforma integral del sistema que, si bien acumuló varios borradores, no prosperó. Finalmente, este año el Gobierno impulsó una “ley corta” que según consideran en el Ministerio de Trabajo permitirá salvar las inconstitucionalidades del sistema al tiempo que mejora significativamente las reparaciones. No obstante, desde el Poder Ejecutivo reconocen que resta avanzar en distintos puntos para alcanzar una reforma integral del sistema.