Por Ernesto López y Marcelo Saín *

De un solo tajo, el flamante Presidente cortó una maniobra continuista. Hacía tiempo ya que los medios venían dando cuenta de una operación montada sobre la Corte Suprema de Justicia para conseguir de ésta una resolución favorable a la declaración de constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Bien mirado, el cuadro era patético. El nuevo Presidente debía asumir su cargo con aquellas leyes confirmadas y manteniendo en sus puestos a los jefes militares complicados en la maniobra, que por añadidura venían ocupando los escalones más altos del escalafón militar desde el comienzo de la gestión de Fernando de la Rúa. Un despropósito que se agiganta si se considera el descrédito público tesoneramente cosechado por Ricardo Brinzoni, acusado de antisemitismo, filonazismo y actitudes discriminatorias y prodictatoriales, cuando no de inaceptable pleitesía.
Pero esto no es todo en materia de continuismo. Desde el 11 de septiembre de 2001 y con la explícita anuencia de De la Rúa y su ministro Horacio Jaunarena, Juan Carlos Mugnolo y Brinzoni se convirtieron en portavoces de las novedades que impulsaba el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Esas novedades eran la indiferenciación de las funciones de seguridad interior y defensa nacional (al contrario de lo que indica la legislación), el compromiso de las instituciones militares con la seguridad interna, la policialización de las Fuerzas Armadas y la autorización para efectuar inteligencia doméstica (todo lo cual está prohibido por la ley). Con Duhalde –que retuvo a Jaunarena, Mugnolo y Brinzoni– esas orientaciones sobrevivieron y dieron origen a diversas iniciativas, muy poco consistentes: por ejemplo, la propuesta de conformación de un superministerio de seguridad y defensa, impulsada por Brinzoni, y el inadmisible proyecto de ley antiterrorista que les atribuye a las Fuerzas Armadas funciones fundamentales en la represión de este fenómeno. El blanco puede incluir a piqueteros, a fuerzas globalifóbicas e incluso al movimiento sindical. El proyecto está radicado en el Senado.
La maniobra continuista no tenía nada de normal. Se disfrazaba con razones burocráticas. Implicaba, al revés, la anormalidad de intentar condicionar o aun imponerle al nuevo Presidente una política que no conectaba con lo que éste venía pregonando. Una política que, probablemente, hubiera tenido más que ver con las posturas de Carlos Menem o de Ricardo López Murphy, antes que con las de quien remató la cuestión hasta con elegancia, en su discurso inaugural: “Queremos nuestras fuerzas armadas comprometidas con el futuro, no con el pasado”. El pasado, claro está, no es sólo la masacre de Margarita Belén (que salpica a Brinzoni). Es también la insistencia en hacer lo que no se debe (esto es, accionar políticamente, pues no otra cosa es la presión sobre la Corte, por ejemplo) porque lo prohíbe la ley. Y es, asimismo, la recurrente y perniciosa inclinación a servir a causas ajenas, no la del Estado nacional argentino. Estas maniobras significaban una repolitización de hecho de la cúpula del Ejército. Más todavía, implicaban el propósito de arrancarle decisiones al nuevo Presidente, quien parece más dispuesto a ejercer plenamente la conducción institucional sobre las Fuerzas Armadas que a considerarlas como pares con los que es posible negociar.
Este oscuro tráfico de trastienda supone la continuidad de una ya vieja orientación proclive a convertir al Ministerio de Defensa en una instancia de mera representación acrítica de las visiones y pretensiones de los jefes militares. Esta es la “doctrina Jaunarena”, laboriosamente moldeada a lo largo de varios años (y gobiernos) y al amparo de la sistemática ausencia de políticas de defensa nacional. Sería deseable que el nuevo ministro del ramo no hiciera escuela en ella y asumiera plenamente sus responsabilidades de conducción institucional, ya que las cuestiones de la defensa nacional –que reclama hoy un proceso de modernización que derive de los imperativos de la integración regional, el desarrollo nacional y lasituación fiscal de nuestro país– son asuntos de Estado mucho más trascendentes que el mero intercambio de gentilezas y de nombres. Debería especialmente no olvidar que solamente hay obediencia donde hay un ejercicio efectivo del mando.
Entendido esto, se comprende sin dificultad por qué es necesario efectuar una cirugía mayor. A ninguna de las maniobras y/o políticas indebidamente impulsadas tanto por el Estado Mayor Conjunto cuanto por el del Ejército fueron ajenos sus respectivos equipos. En el caso del Ejército, la responsabilidad involucra, por lo menos, a los comandantes de Cuerpo y a las cabezas del Estado Mayor, incluyendo al secretario general, un general de brigada normalmente seleccionado en forma especial por el jefe de Estado Mayor.
Asumido esto, la discusión en torno a la profundidad del tajo toma otro carácter. No es capricho patagónico sino un hecho tan inevitable como reparador.
* Programa de Investigación Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad (PIFAS)/Universidad Nacional de Quilmes.