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La reforma amplía las garantías a las víctimas de modo que se les asegure el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, que implica las siguientes incorporaciones:

- Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.

- Recibir asesoramiento legal y patrocinio jurídico.

- Recibir protección eficaz frente a posibles represalias contra su persona y su familia. Podrá solicitar ser incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos.

- Retornar a su lugar de origen si la víctima así lo solicitare.

- Incluir o reinsertar en el sistema educativo.

El proyecto crea además un Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con las siguientes características y funciones:

- Se integra con representantes del Poder Ejecutivo (Justicia, Seguridad, Interior, Cancillería, Desarrollo Social y Trabajo), del Poder Legislativo (un diputado y un senador), de cada jurisdicción del país (las provincias y la CABA), judicial (uno designado por la Corte Suprema y otro por el Ministerio Público Fiscal y de organizaciones de la sociedad civil –tres–).

- Diseña la estrategia destinada a atender la problemática de la trata.

- Recomienda la aprobación de normas y generación de políticas públicas.

- Promueve la aprobación de protocolos y mecanismos de actuación en las jurisdicciones.

- Analiza y difunde las estadísticas que eleve el Comité Ejecutivo para controlar el cumplimiento y eficacia de las políticas adoptadas.

- Promueve la cooperación entre los Estados para adoptar medidas para erradicar la trata de personas.