Cuatro uniformados y tres ex de la Bonaerense de Tolosa, localidad próxima a La Plata, fueron detenidos acusados de torturar a un joven a quien presionaban desde hace al menos dos años. Los siete pertenecían a la comisaría 6ª de esa localidad y fueron denunciados por el Chonono Alonso por haberlo detenido con 17 años, sin orden judicial, mientras estaba en la casa de un amigo, pateado en la vereda, esposado en un patrullero donde le hicieron un simulacro de fusilamiento y luego trasladado a la 6ª, donde lo recibieron con submarino en agua podrida o en su versión seca de la bolsita de nylon, mientras lo pateaban a mansalva o le marcaban la espalda a cintazos, el 5 de octubre de 2010.

Desde aquella primera detención, este diario fue dando cuenta de cómo el Chonono Alonso sufrió persecución y torturas, que le dejaron no sólo marcas en su cuerpo sino también en su psiquis: sufre amnesias frecuentes, pérdida de concentración y angustia por el terror que le provocó que le gatillaran el arma en su cabeza la primera vez, y las nuevas detenciones que sufrió. Porque hubo más. Tiene secuelas neurológicas producto de la golpiza en su cabeza y estuvo bajo tratamiento brindado por especialistas del Codesedh (Comité por la defensa de la salud, la ética y los derechos humanos).

El 6 de octubre de 2010 fue detenido, molido a palos, gatillado en la cabeza, vuelta a ser pateado en la comisaría y pasado por el submarino seco y húmedo porque no aceptaba firmar el acta policial en la que aceptaba haber resistido a la autoridad. Cuando aceptó firmar no lo torturaron más. Habían logrado su confesión. Lo dejaron salir previa amenaza. Estuvo un día encerrado del terror pero después se animó y, acompañado por el defensor oficial del fuero juvenil Julián Axat, y Roberto Cipriano, del Comité Contra la Tortura, se presentó ante la Justicia para denunciar torturas.

El caso lo tomó el fiscal 4, Fernando Cartasegna. Desde el plano emotivo podría decirse que le cayó. La acción más trascendente que realizó en el expediente fue cambiar la calificación de “torturas”, que llevan una pena posible de entre 8 y 25 años, por la más light de “severidades”, de uno a cinco. En esos días, el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, aseguró al secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, que había pasado a disponibilidad a los denunciados para facilitar el desempeño de la Justicia, para el caso, representada por Cartasegna. El pase, claro, fue por 30 días. El fiscal lo único que hizo durante ese mes fue acusar en el mismo expediente al defensor Axat por tener un “desmesurado afán por la defensa de los derechos humanos”; responder al defensor general platense, Omar Ozafrain, sobre quien dijo denotar “una absoluta falta de confianza en mi accionar”, y denunciar el sentirse “violentado”, lo que “lamentablemente afecta mi objetividad para continuar con la presente investigación”. Pidió su apartamiento pero desde la fiscalía general le dijeron que dejara de sandeces y lo conminaron a continuar. Cuatro días después, el 30 de diciembre, vencía el plazo dadivoso de Casal a la Justicia y los polis volvieron a su redil. Ya en feria judicial, el 4 de enero, durante un asalto balearon a un comerciante en Punta Lara. Los hombres de Tolosa detuvieron al Chonono porque un testigo de identidad encubierta (otro servicio de la policía a la comunidad) dijo reconocerlo, aunque lo describió con los dos brazos normales, sin saber que Chonono tenía un brazo enyesado.

Aunque la libertad de Alonso fue ordenada veinte días después, el Chonono no se liberó de los toloseños de la 6ª. Lo volvieron a detener y torturar para recordar que caminaba sobre una cornisa de la que se mostraban bien dispuestos a ayudarlo a tropezar. La CPM volvió a acompañarlo para denunciar nuevamente, aunque esquivaron la fiscalía del violentado Cartasegna con la intención de alcanzar alguna meta.

A todo esto, en aquel momento la Bonaerense se quejaba de no contar con todas las herramientas a su disposición y lo hacía público a través de su representante ministerial. Casal, junto a Scioli, intentaba que se aprobara un Código de Convivencia que permitiera detener a trapitos, limpiavidrios y jóvenes desocupados, como solución a los problemas de inseguridad. La movida recibió el rechazo de la comunidad y quedó trunca. No olvidada.

El 13 de diciembre pasado, el Senado bonaerense aprobó como ley las herramientas que la Bonaerense reclamaba para, según el boca a boca punitivo, no tener las manos atadas para detener por resistencia a la autoridad. Ataduras laxas, según la comprobación empírica del Chonono Alonso, pero laxas al fin, que no es lo mismo que la Bonaerense legalmente desatada.

El viernes pasado, casualmente, la denuncia de Alonso prosperó. Y los Bonaerenses Claudio Fuertes, Héctor Sayos, Gustavo Villarroel, Gastón Mónaco, Ezequiel Skalla Pedersoli, Héctor Agostini y Alejandro Herrera, salieron con las manos atadas.

[email protected]