El conflicto por la toma de la Sala Alberdi en el Centro Cultural San Martín está atravesado por dos causas judiciales: una penal, por una denuncia de usurpación, por la que se dispuso finalmente el desalojo, y otra en el fuero Contencioso Administrativo, que disponía la mudanza de la sala a otra ubicada en el barrio de Chacarita, para realizar reformas edilicias.

La causa penal la tiene el juez Norberto Tavonaska, quien buscaba que las dos partes se sentaran a dialogar, mientras que la fiscal Claudia Barcia pretendía el desalojo del lugar. Finalmente, el viernes último, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad hizo lugar al pedido de Barcia y ordenó el allanamiento y desalojo de la sala. La medida judicial también pidió la identificación de quienes se encontraban en el recinto.

Por otra parte, la jueza Fabiana Shafrik determinó en 2009 que el gobierno debía refaccionar el lugar en 30 días y trasladar la sala a un espacio de iguales características, frente a lo que la gestión macrista ofreció la Sala Los Andes en el barrio de Chacarita, propuesta que rechazaron los ahora ex ocupantes.