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Carlos Slepoy, abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid e impulsor del juicio contra los represores de la última dictadura en España viajó a Buenos Aires para visitar a su familia. Pero su estancia aquí se verá atravesada por las repercusiones de la extradición de Ricardo Cavallo y del pedido para que el juez Baltasar Garzón reitere la orden de detención contra casi cincuenta militares. Los abogados de la acusación popular reclamaron, además, que el magistrado fije una indemnización que deberán pagar los victimarios y que, según un cálculo inicial, ascendería a tres mil millones de dólares. Slepoy, que desde hace siete años dedica todas sus energías a sostener la investigación de Garzón, aseguró que el avance del proceso es “un logro de las víctimas”.
–¿Cuál es el significado, en términos jurídicos, de la extradición de Cavallo?
–Abre un camino que quedó cerrado con la detención de (Augusto) Pinochet. Es un camino inédito en la práctica de persecución de crímenes contra la humanidad. Es importante que se produzca en este momento aciago, después del 11 de septiembre, ya que demuestra que se debe perseguir este tipo de crímenes no en base a bombardeos sino con la aplicación del derecho. Además, esto podría servir para que se consideraran algunas modificaciones en el estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI).
–¿Cuáles serían esas modificaciones?
–En primer lugar, en el TPI es el fiscal quien debe impulsar la acción, las víctimas sólo pueden denunciar. En España fueron las víctimas quienes han logrado impulsar el proceso, en contra el criterio del fiscal, que se opuso a todo. Además, el Consejo de Seguridad puede paralizar los procesos y eso es una clara injerencia del poder político en la Justicia. El Consejo de Seguridad resolvió que las tropas americanas en el exterior no son plausibles de ser alcanzadas por el TPI. Eso demuestra que aunque la existencia del tribunal es algo magnífico, que debe ser considerado un logro, está plagado de condicionamientos y va a ser objeto de múltiples presiones. La extradición de Cavallo es un ejemplo de cómo se pueden contrarrestar estas presiones.
–¿Cómo?
–Multiplicando las jurisdicciones nacionales. El Tribunal Internacional no reemplaza sino que es complementario de las jurisdicciones nacionales. Nosotros no hablamos de extraterritorialidad sino de jurisdicción universal porque estos son crímenes que pueden ser perseguidos en cualquier lugar del mundo, no se trata de territorialidad o extraterritorialidad. Además, el caso de Cavallo actualiza la necesidad de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en Argentina.
–¿Insistieron con los pedidos de detención contra los 48 represores?
–Se presentaron, pero el juez no tenía la causa. Formalmente los recibirá a principio de la semana. Sobre ese tema vamos a hablar con los organismos de derechos humanos para ver cuáles son los pasos que conviene seguir. También pedimos que se fije una indemnización que según los cálculos iniciales ascendería a tres mil millones de dólares. Eso está basado en la suposición de que hay como mínimo diez mil desaparecidos, que es lo que tiene acreditado la Conadep, y en el caso Tarnopolsky, en el que la Corte Suprema argentina fijó un monto indemnizatorio.