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La actividad en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se intensificó a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio validez constitucional a la norma después de cuatro años. “Se acabó la incertidumbre: la ley se aplica a todos de la misma forma, y así se termina también el temor de los grupos chicos que hasta ahora pensaban que se les iba a aplicar a ellos y no a los grupos grandes. Hay igualdad de condiciones”, aseguraron ayer desde la Afsca a este diario. Martín Sabbatella, presidente del organismo, encabezará hoy una reunión del directorio.

“No se va a resolver ni tratar nada relacionado con las novedades de la semana pasada. Los temas de la reunión ya estaban pautados de antes”, explicaron en la Afsca sobre el encuentro de hoy, marcado en la agenda del directorio como todos los primeros lunes de cada mes. “Seguramente se va a hablar sobre el fallo y el directorio va a ratificar los dichos de Sabbatella sobre los pasos a seguir, después de que la decisión judicial de la Corte fijara que están vencidos los plazos para que el Grupo Clarín presente un plan de adecuación”, completaron las fuentes consultadas.

Después de cuatro años desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el fallo de la Corte Suprema permitirá a la Afsca dar continuidad a los planes presentados por los grupos de medios para ajustarse a derecho, decisión que el organismo había supeditado a la causa Clarín, para dar “el mismo tratamiento a todos”.

“El Grupo Clarín ahora se está victimizando. A partir del fallo de la Corte que declara a la ley de medios constitucional estamos obligados a continuar con el proceso de oficio”, explicó un funcionario de la Afsca y destacó que de la misma manera el grupo “puede acoplar su plan de desinversión al del socio minoritario que ya lo hizo en diciembre del año pasado.” El plan que presentó el empresario mexicano David Martínez –dueño de parte de Cablevisión– propone que su socio mayoritario venda su participación en la empresa para ajustarse a la ley. “La actuación de oficio está en marcha, el grupo tiene que apurarse si quiere completar esa propuesta, pero debe hacerlo antes de que avance el proceso de oficio”, explicaron en la Afsca. “Si el Grupo Clarín lo hace, puede presentar su plan de desinversión en el que pueden elegir con qué empresas quedarse dentro de lo que indica la norma.” Si no lo hace, la Afsca deberá decidir qué licencias tiene que ceder el multimedios e iniciar el proceso de venta. Desde el organismo que conduce Sabbatella analizan un estado de situación donde el grupo “no cuestionan la forma de aplicación, sino que en realidad no está de acuerdo con la ley y con el fallo de la Corte”.

Después de que el martes pasado se conociera la decisión del máximo tribunal, el miércoles se reunieron los funcionarios de la Afsca para delinear una hoja de ruta con los pasos a seguir y el mismo jueves se notificó al único grupo que no presentó su plan de adecuación a la ley. “Se presentaron 39 planes de adecuación voluntaria antes del 7 de diciembre del 2012: 29 fueron evaluados por la Afsca, de los cuales catorce se aprobaron y a quince se les explicó que no había motivo de adecuación”, explicaron las fuentes consultadas por este diario. “Los otros diez están en proceso de evaluación.”

Los grupos más pequeños se mantenían expectantes por la resolución judicial. “Se acabó la incertidumbre en todo sentido: el fallo es claro y permite que la ley se aplique a todos de la misma forma”, explicaron en el organismo estatal y agregaron que “se termina también el temor de los grupos chicos que hasta ahora pensaban que se les iba a aplicar la ley a ellos y no a los grupos grandes. Hay igualdad de condiciones”.

Mientras la rueda de la ley de medios comienza a girar con mayor fuerza, Sabbatella, junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, recibió al secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Horacio Arreseygor, y al secretario general de la junta interna de Artear (Canal 13 y TN), Daniel Raijchik, con los que se puso en funcionamiento una comisión de seguimiento en la aplicación de la ley –fundamentalmente en el proceso de desinversión–, y acordaron “trabajar en forma mancomunada” para “proteger y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo de la totalidad de los trabajadores”.